CSIF, CCOO y UGT convocan a los empleados públicos de CyL a protestar el 30 de octubre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto a CCOO y UGT, hace un llamamiento a los empleados públicos de Castilla y León para que se movilicen el próximo 30 de octubre. La protesta se llevará a cabo ante las subdelegaciones del Gobierno de las nueve provincias para reclamar la apertura urgente de una negociación que permita aplicar la subida salarial correspondiente a 2025.

La convocatoria busca también alcanzar un acuerdo plurianual que garantice la estabilidad retributiva de los trabajadores del sector público. Desde los sindicatos advierten de que la paciencia se ha agotado y no descartan medidas de mayor calado si el Gobierno no atiende sus demandas.

La secretaria nacional de Negociación de CSIF, Milagros Dorronzoro, ha subrayado desde Zamora la "enorme importancia" de estas movilizaciones, que podrían ser el preludio de la primera huelga general de empleados públicos bajo el mandato de Pedro Sánchez. "La paciencia se ha terminado", ha advertido Dorronzoro, quien ha añadido que "es el momento de una gran movilización en toda España para que el Gobierno nos escuche y negocie".

Pérdida de poder adquisitivo y bloqueo político

Según los datos del sindicato, el Ejecutivo adeuda 1.860 millones de euros a los empleados públicos en los diez meses transcurridos de este año. Esta cifra, explican, equivale a una pérdida del 3% de poder adquisitivo en el último año, que se suma a una merma acumulada superior al 20% desde 2010. "Es inaceptable que un Gobierno que exige subidas salariales a la patronal privada se olvide de sus obligaciones como empleador público", ha denunciado la dirigente sindical.

CSIF acusa directamente al ministro de Función Pública, Óscar López, de "despreciar" la negociación y critica que el Gobierno utilice a los funcionarios como "moneda de cambio parlamentaria". Dorronzoro ha insistido en que la subida salarial se puede aprobar incluso sin Presupuestos Generales del Estado, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. "Los empleados públicos no pueden seguir siendo los paganos del bloqueo político", ha sentenciado.

Situación "crítica" en la Administración del Estado en la Comunidad

Por su parte, el presidente del sector de Administración General del Estado (AGE) en CSIF Castilla y León, Juan Carlos González, ha calificado la situación de los servicios públicos estatales en la Comunidad de "crítica e insostenible". González ha detallado que la región cuenta con 11.300 trabajadores de la AGE, con "plantillas muy envejecidas, sobrecargadas y con una desmotivación creciente".

Estos empleados gestionan servicios esenciales como las prestaciones sociales, el paro o el Ingreso Mínimo Vital. "Da igual qué servicio se analice. Es un desastre. Seguridad Social, SEPE, IMSERSO, Extranjería, Tráfico o la Confederación Hidrográfica del Duero, todos están desbordados y al límite por la falta de personal", ha lamentado González.

Ante este panorama, CSIF reclama un refuerzo urgente de las plantillas, la eliminación de la tasa de reposición y la mejora de las condiciones de jubilación. Además, exigen medidas para reducir el abuso de la temporalidad, que según la normativa de la Unión Europea no debería superar el 8%.