La Junta ha abonado 498 millones de euros, beneficiando a 49.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad. El pago, que representa el 70% de las ayudas directas, se inició el pasado 16 de octubre, primer día autorizado por la Comisión Europea.
La Junta de Castilla y León ha comenzado a ingresar los anticipos de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2025, inyectando un total de 498 millones de euros que ya han llegado a más de 49.000 agricultores y ganaderos de la comunidad. El abono se efectúa desde el pasado 16 de octubre, el primer día habilitado por la Comisión Europea para realizar estos pagos.
La información ha sido confirmada por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante la inauguración de las III Jornadas de Condicionalidad organizadas por el Fondo Estatal de Garantía Agraria (FEGA) en Salamanca. Según la consejera, esta agilidad en el pago “pone de manifiesto el compromiso del Gobierno autonómico con el campo y la eficacia de su gestión administrativa”.
Este primer anticipo representa el 70% del total de las ayudas directas por superficie e incluye todas las intervenciones, también los ecorregímenes. El objetivo principal de esta medida es dotar de liquidez inmediata al sector para que pueda afrontar en mejores condiciones la nueva campaña de siembra.
Además de este primer pago, la Consejería ha anunciado que a lo largo de este mes de octubre se autorizarán también los anticipos de las ayudas asociadas a la ganadería. Asimismo, se prevé el abono de 50 millones de euros adicionales en concepto de ayudas agroambientales y a zonas con limitaciones naturales, con anticipos que podrán alcanzar hasta el 85% del importe total autorizado.
Durante su intervención, González Corral ha destacado la eficiencia de las herramientas de gestión y control de la Junta, que combinan la supervisión sobre el terreno con dispositivos electrónicos y la monitorización mediante imágenes satelitales. Este sistema, según ha expuesto, permite un alto grado de cumplimiento, ya que la reducción de pago por incumplimiento apenas alcanza el 0,03% del total de los pagos FEAGA y FADER, que en la comunidad superan los 1.050 millones anuales.
La consejera también ha aprovechado el foro para subrayar la posición de Castilla y León ante la negociación de la PAC post 2027. Ha defendido la necesidad de una política “fuerte, común y verdaderamente europea”, dotada con un presupuesto suficiente y que mantenga sus dos pilares de pagos directos y desarrollo rural. En este sentido, ha reiterado la importancia de que la futura PAC centre sus ayudas en el agricultor profesional, garantice una simplificación administrativa real y mantenga el principio de reciprocidad comercial frente a importaciones de terceros países que no cumplen los estándares europeos.
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