España se enfrenta a un otoño de protestas por sus 950.000 interinos públicos

Los principales sindicatos de la función pública, CSIF, UGT y CCOO, han anunciado el inicio de un calendario de movilizaciones en toda España para protestar por el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Gobierno. La medida responde a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que sitúan la tasa de temporalidad en las administraciones públicas en el 27,8%.

Según el análisis realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), las administraciones públicas contaban con 954.600 personas en situación de temporalidad en el tercer trimestre del año. Este porcentaje es más del doble del que se registra en el sector privado y se aleja significativamente del límite legal del 8% establecido por la ley. Además, los datos revelan que la precariedad afecta mayoritariamente a las mujeres, que suponen el 58% del total de contratos temporales.

Esta situación, que los sindicatos califican de "abuso", ya ha motivado un recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea debido al incumplimiento del mandato de reducir la temporalidad. Las organizaciones sindicales, que representan a más del 80% del personal público, ya advirtieron en septiembre que tomarían medidas si no se retomaba la negociación de forma inmediata.

Un calendario de movilizaciones creciente

Bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”, las protestas comenzarán el próximo 30 de octubre. El plan de acción se desarrollará de manera progresiva e incluye las siguientes fases:

• 30 de octubre: Concentraciones frente a las subdelegaciones del Gobierno de toda España y ante el Ministerio de Función Pública en Madrid.
• Noviembre: Una gran concentración en Madrid si el departamento que dirige Óscar López continúa bloqueando la negociación.
• Diciembre: Convocatoria de una jornada de huelga a nivel nacional si persiste la falta de diálogo por parte del Gobierno.

Exigencias para atajar la precariedad

Los sindicatos exigen al Gobierno la eliminación inmediata de la tasa de reposición, ya que consideran que esta medida impide a las administraciones cubrir sus necesidades reales y les obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sectores clave como la sanidad o la educación.

Asimismo, CSIF considera que los gestores que incumplan el límite de temporalidad fijado por ley "deben ser sancionados y asumir responsabilidad ante los tribunales". Según el sindicato, solo así se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de "abuso y precariedad laboral que afectan a miles de trabajadores de nuestras administraciones".