Castilla y León pide exenciones a la ley de deforestación para países de bajo riesgo

La Junta de Castilla y León ha solicitado un aplazamiento y una reforma del nuevo Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR), que tiene prevista su aplicación a partir del 30 de diciembre de 2025. El Gobierno autonómico considera que la normativa, en su estado actual, generará un impacto negativo en la competitividad de las empresas del sector forestal y otros ámbitos productivos.

Esta postura ha sido defendida por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la inauguración del congreso ‘EUDR: un análisis para su aplicación práctica en las industrias de la madera’, celebrado este lunes en el Edificio PRAE de Valladolid. El encuentro, organizado por la Junta, la Universidad de Valladolid y el Colegio de Registradores de España, ha reunido a expertos y agentes del sector para analizar los retos de la futura legislación.

El consejero ha manifestado la necesidad de alcanzar un consenso con los sectores implicados antes de la implementación del reglamento. Según Suárez-Quiñones, la aplicación de esta normativa “no puede ser una dificultad para los sectores productivos y las empresas”, sino un instrumento para su desarrollo y competitividad.

Las claves de la petición de Castilla y León

La principal reclamación de la Junta es una reforma del reglamento que diferencie entre los productos procedentes de terceros países, donde no siempre existen garantías de sostenibilidad, y aquellos de origen europeo y nacional. En este sentido, el consejero ha recordado que los productos de la Comunidad “acreditan desde hace décadas” el cumplimiento de estrictas normativas ambientales y sociales.

Las peticiones concretas del Ejecutivo autonómico incluyen:

• Un nuevo aplazamiento de la entrada en vigor del reglamento.
• Una reforma del texto para adaptarlo a la realidad de los países con gestión forestal sostenible.
• La eliminación de la burocracia que, según la Junta, “sepulta a las empresas más pequeñas”.
• La exención del papeleo para productos y empresas de países catalogados como de bajo riesgo.

¿Qué es el Reglamento EUDR?

El Reglamento 1115/2023, conocido como EUDR, establece nuevas exigencias para garantizar que ciertos productos comercializados en la Unión Europea no contribuyan a la deforestación a nivel mundial. La normativa busca asegurar que los bienes proceden de fuentes legales y controladas, y que su producción no ha implicado la degradación de los bosques.

Los productos afectados por esta legislación son la madera, el ganado bovino, el café, la soja, el cacao, el aceite de palma y el caucho. La norma se aprobó debido a la preocupante situación de deforestación en países en vías de desarrollo, aunque su aplicación afecta a todo el comercio de estos productos en la UE, independientemente de su origen.

Un sector estratégico para la Comunidad

Castilla y León se posiciona como un referente en la gestión forestal sostenible, lo que explica su interés en la correcta aplicación de la nueva normativa. La Comunidad cuenta con 905.571 hectáreas de superficie forestal certificada, la mayor de España, lo que representa el 30 % del total nacional.

Durante el congreso, diversos ponentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), FAFCYLE, Cesefor y otras organizaciones sectoriales han analizado aspectos clave del EUDR, como los sistemas de diligencia debida y la geolocalización de parcelas para verificar que no han sido deforestadas.