Así será la respuesta a emergencias en el túnel de Piqueras tras el acuerdo entre Castilla y León y La Rioja

Los gobiernos de Castilla y León y La Rioja refuerzan su colaboración en materia de Protección Civil. Ambas administraciones han firmado este miércoles dos protocolos para mejorar la coordinación de los servicios de emergencia en zonas limítrofes, con especial atención a la gestión de incidentes en el túnel de Piqueras.

El acuerdo ha sido rubricado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín Díez. El objetivo es formalizar y actualizar los procedimientos de actuación que los equipos de ambos territorios ya venían aplicando de manera conjunta.

Estos documentos establecen un marco claro para la gestión de llamadas a los servicios 1-1-2 y para la intervención de los grupos de rescate en la carretera N-111, un punto de conexión vital entre ambas comunidades. La firma busca garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier incidente.

Coordinación entre los centros 1-1-2

El primer protocolo se centra en la comunicación entre los centros de atención de llamadas de emergencia. Establece el procedimiento a seguir cuando un aviso se produce en una zona fronteriza, asegurando que el incidente sea atendido por la comunidad autónoma competente.

El acuerdo garantiza que toda la información se traslade de forma inmediata entre los centros 1-1-2 y que los equipos de emergencia se activen sin demora. Para evitar que cuestiones competenciales pongan en riesgo la resolución de un incidente, se ha previsto que, ante cualquier duda, la emergencia sea gestionada por el centro que reciba la llamada.

Actuación en el túnel de Piqueras

El segundo documento regula la coordinación funcional durante operaciones de emergencia en el túnel de Piqueras. Se basa en el plan de autoprotección de la empresa titular de la infraestructura y diferencia entre dos tipos de situaciones.

Para emergencias ordinarias, se determina a quién corresponde la jefatura del Puesto de Mando Avanzado y el liderazgo en la interlocución con los equipos. En casos más graves que requieran la activación de un plan de Protección Civil, el protocolo contempla la creación de un comité de dirección conjunto para tomar decisiones estratégicas.

Vigencia y seguimiento de los acuerdos

Ambos protocolos tendrán una vigencia de cuatro años, prorrogables por acuerdo entre las partes. Para asegurar su correcta aplicación y su adaptación a futuras necesidades, se constituirá una comisión de seguimiento.

Esta comisión estará integrada por personal de ambas comunidades y su cometido será controlar el cumplimiento de lo pactado, así como proponer las actualizaciones que se consideren necesarias para mantener la eficacia de los procedimientos.