Los campamentos de CyL deberán ser inclusivos tras una propuesta de Soria ¡YA!

Las Cortes de Castilla y León han dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) de Soria ¡YA! para que los campamentos juveniles de la comunidad sean plenamente inclusivos. La iniciativa, defendida por el procurador Juan Antonio Palomar, ha sido aprobada este jueves con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular, que se ha abstenido.

La propuesta se ha debatido en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades y busca que la Junta de Castilla y León convierta los campamentos del Instituto de la Juventud en entornos completamente adaptados a la diversidad. El objetivo es garantizar la igualdad de acceso para niños y jóvenes con discapacidad o necesidades especiales.

Durante su intervención, el procurador soriano Juan Antonio Palomar ha subrayado que la inclusión "no puede depender de la buena voluntad o de proyectos puntuales". En su lugar, ha defendido que debe ser "una obligación y una práctica habitual en todos los programas de ocio y tiempo libre organizados desde la Administración".

La iniciativa de Soria ¡YA! se alinea con una recomendación emitida por el Procurador del Común en 2023, que ya instaba a la Junta a realizar una adaptación progresiva de las instalaciones y actividades juveniles. En este sentido, la PNL pide que se exija también a las entidades públicas o privadas titulares de servicios de ocio el desarrollo de espacios capaces de responder a las necesidades de todos los usuarios.

Palomar ha lamentado que aún existan limitaciones físicas y organizativas que impiden la participación plena de menores con discapacidad. "La inclusión no se consigue con carteles ni con discursos, sino con medidas concretas", ha afirmado, destacando también la importancia de la sensibilización y la formación del personal que trabaja en estos programas para que la inclusión "sea real y no meramente formal".

Con la aprobación de esta propuesta, Soria ¡YA! reclama a la Junta de Castilla y León que asuma su responsabilidad para garantizar que ningún menor quede excluido de las actividades públicas por motivos de discapacidad o diferencias funcionales.