El PSOE acusa a la Junta de disparar la pobreza infantil y desobedecer al Supremo

El Partido Socialista ha calificado el proyecto de presupuestos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades como un “ejercicio de propaganda política puro y duro”. La crítica se ha producido tras la comparecencia de la consejera, Isabel Blanco, para informar sobre las cuentas de su departamento para el año 2026.

La portavoz socialista del área, Soraya Blázquez, ha asegurado que la consejera ha defendido un presupuesto que es, en esencia, “una gran mentira y deja clara la deslealtad de la Junta con los castellanos y leoneses”. Según Blázquez, las cuentas autonómicas se sostienen gracias a la financiación del Gobierno de España.

En este sentido, la representante socialista ha remarcado que el presupuesto de la Junta depende de fondos externos a la comunidad. “Cuatro de cada cinco euros provienen de la financiación estatal y europea”, ha subrayado durante su intervención.

Dependencia financiera y "completa irresponsabilidad"

Para la representante socialista, el gobierno de Mañueco ha adoptado una postura de “completa irresponsabilidad” al rechazar la condonación de la deuda, una decisión que, según el PSOE, impide la realización de inversiones y gasto social en la Comunidad. Además, ha señalado que los presupuestos elaborados por Mañueco responden únicamente a la “orden dada por Feijóo”.

Incumplimiento de sentencias y pobreza infantil

Blázquez también ha acusado a la Junta de incumplir el copago, desobedeciendo una sentencia del Tribunal Supremo y negándose a actuar de oficio para devolver el dinero a los grandes dependientes. “Esa es la manera de actuar de este gobierno de Mañueco”, ha lamentado.

Asimismo, ha expuesto que con las políticas de la Junta la pobreza severa infantil se ha disparado. “Son más de 47.000 menores que viven con menos de 645 euros”, ha remarcado la portavoz socialista.

Violencia de género y derechos LGTBI

En su intervención, Blázquez ha acusado al gobierno de Mañueco de ser “cómplice de los negacionistas de la violencia de género” y de aportar “cero patatero” a esta lucha, cuyo presupuesto, ha indicado, proviene del Gobierno de España y de los fondos europeos. También ha denunciado el reemplazo de personal cualificado por otro más barato en los centros de menores.

Finalmente, ha acusado a la Junta de negarse a elaborar una ley LGTBI, convirtiendo a Castilla y León en “la única comunidad que no cuenta con una ley para proteger y garantizar los derechos de las personas LGTBI”. Blázquez ha concluido afirmando que “Castilla y León necesita un cambio de políticas” y que “el nuevo gobierno de Carlos Martínez llevará a cabo las políticas que nos merecemos los castellano y leoneses”.