El modelo de la autoridad anticorrupción de Castilla y León, a debate un año y medio después de su creación

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha abierto la puerta a una reforma normativa que replantee el encaje institucional de la Autoridad Independiente en materia de corrupción (AICCYL). Durante la apertura del I Seminario sobre integridad en el sector público, celebrado este viernes en las Cortes, Amilivia ha sugerido dos posibles vías: que el propio Consejo de Cuentas asuma directamente las competencias de prevención o, en caso contrario, que se dote a la Autoridad de una "plena autonomía, también orgánica y presupuestaria".

La AICCYL, que inició su andadura el 11 de junio de 2024, está actualmente adscrita al órgano de control externo. Sin embargo, Amilivia ha cuestionado si este es el modelo más adecuado, dado que la Autoridad actúa con plena independencia. "Parecería más lógica una reforma normativa que contemplase la regulación de esta competencia directa en materia de prevención por el propio Consejo de Cuentas", argumentó, recordando que, a diferencia de otras comunidades como Galicia o Canarias, el órgano castellano y leonés carece de estas atribuciones.

El presidente del Consejo también ha señalado las dificultades presupuestarias que ha enfrentado el nuevo organismo, especialmente por la prórroga de las cuentas de la Comunidad. Esta situación ha obligado al Consejo a asumir el coste económico de la AICCYL sin ninguna dotación adicional, un problema que Amilivia espera que quede "superado con la aprobación de un nuevo presupuesto".

Dificultades en la implantación de los canales de denuncia

La jornada ha servido para analizar los retos en la puesta en marcha de los sistemas de denuncia. Según se ha expuesto, la carencia de medios y las dudas que genera la normativa están dificultando la implantación efectiva del sistema. A pesar de ello, en lo que va de año, la Autoridad ha tramitado 114 denuncias, algunas de las cuales han sido derivadas a la fiscalía.

El objetivo del seminario es precisamente fomentar una cultura de la información con seguridad jurídica, aclarar las dudas sobre el funcionamiento de los sistemas internos y proponer unos requisitos mínimos para el sector público de Castilla y León, garantizando así la protección de las personas que informan sobre irregularidades.

El control externo como garantía de integridad

Por su parte, el consejero del Consejo de Cuentas, Emilio Melero, ha defendido el papel crucial que ejercen los órganos de control externo para asegurar la integridad de las instituciones locales. Melero ha destacado que, en sus 20 años de historia, el Consejo ha realizado 311 fiscalizaciones, de las cuales casi la mitad (147) se han centrado en entidades del sector público local.

Además, ha subrayado la importancia de la rendición de cuentas, un ámbito en el que Castilla y León presenta valores superiores a la media nacional. En estas dos décadas, el Consejo ha emitido más de 1.400 recomendaciones para mejorar la gestión de diputaciones, ayuntamientos y otros entes locales, consolidando su función fiscalizadora como un "antídoto contra las prácticas fraudulentas".