Almenar de Soria establece una tasa de 0,10 euros por litro para el vertido de aceite industrial
Una de las entradas a Almenar por la N-234. /GM
El municipio aplica desde hoy una nueva ordenanza fiscal para regular la gestión de este tipo de productos.
El Ayuntamiento de Almenar de Soria ha hecho definitiva la aprobación de una nueva ordenanza fiscal que regula la tasa por el vertido de aceite industrial en el municipio. La normativa, que entra en vigor este mismo lunes, 17 de noviembre de 2025, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria (BOP), establece una cuota fija para la gestión de estos residuos generados en el ámbito profesional.
La decisión fue acordada inicialmente en el pleno municipal del pasado 16 de septiembre de 2025. Al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, el acuerdo ha sido elevado a definitivo, procediendo a la publicación de su texto íntegro. La ordenanza se ampara en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en diversa normativa autonómica y estatal sobre residuos tóxicos y peligrosos.
El hecho imponible de esta nueva tasa es la prestación del servicio de recogida de aceite industrial procedente del ejercicio de una actividad profesional. Por tanto, los sujetos pasivos son todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad profesional que implique el uso de maquinaria y, en consecuencia, la generación de este tipo de residuo.
La cuota tributaria ha quedado fijada en 0,10 euros por cada litro de aceite recogido. A modo de ejemplo, la ordenanza detalla que la retirada de 20 litros de aceite tendrá un coste de 2 euros, mientras que para 100 litros el importe ascenderá a 10 euros. La normativa también especifica el régimen de responsabilidades solidarias y subsidiarias en línea con lo que marca la Ley General Tributaria.
El documento publicado en el BOP está firmado por el alcalde de la localidad, Ángel Barca Delso. Contra este acuerdo definitivo, los interesados pueden interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un plazo de dos meses a partir de su aprobación definitiva.
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