La Junta refuerza la atención a víctimas de violencia de género con 6,2 millones y destaca el papel del centro de Soria

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades refuerza su compromiso contra la violencia machista elevando la inversión de la Red de Atención hasta los 6,2 millones de euros. La reciente incorporación de los centros de emergencia de Soria y Zamora ha sido determinante para duplicar las plazas disponibles en este tipo de recursos de acogida inmediata en la Comunidad.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha detallado estas cifras durante su participación en el I Congreso Regional ‘Violencia de género: prevenir, intervenir y restaurar’, celebrado este viernes en Zamora. Durante su intervención, Blanco ha destacado la importancia de la colaboración institucional y profesional, especialmente con el Colegio Oficial de Psicólogos, para consolidar el modelo ‘Objetivo Violencia Cero’. Este sistema busca ofrecer una respuesta personalizada e integral que involucra a servicios sociales, sanitarios, educativos y fuerzas de seguridad.

El Ejecutivo autonómico mantiene su apuesta por ampliar la cobertura a las víctimas, no solo mediante el incremento presupuestario, sino también a través de la especialización de los recursos. La estrategia actual prioriza tanto la protección física urgente como la recuperación emocional y la inserción laboral de las mujeres afectadas.

Fortalecimiento de la red en Soria y la Comunidad

Uno de los pilares fundamentales del anuncio realizado hoy es el aumento del 38 % en la partida destinada a la red de centros residenciales y casas de acogida, que alcanzará los 2,6 millones de euros. Castilla y León cuenta actualmente con una infraestructura compuesta por trece casas de acogida y dos servicios de atención dual. Sin embargo, el avance más significativo se ha producido en los cinco centros de emergencia de la región.

Según ha explicado la consejera, la apertura de las nuevas instalaciones en Soria y Zamora ha permitido casi duplicar las plazas de emergencia disponibles. Estos recursos son vitales, ya que ofrecen un refugio inmediato y seguro a las mujeres y a sus hijos en los momentos más críticos, justo después de producirse la agresión o la toma de decisión de abandonar el hogar.

Atención psicológica en menos de 30 minutos

El apoyo psicológico se consolida como una herramienta clave en el proceso de recuperación. La Junta financia con 450.000 euros anuales el convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos, un servicio que garantiza atención urgente en sedes policiales y judiciales en un tiempo inferior a 30 minutos tras la interposición de la denuncia.

Los datos de los primeros nueve meses de 2025 reflejan un aumento en la demanda de este servicio. Se ha atendido a un total de 1.562 personas, frente a las 1.412 del mismo periodo del año anterior. El desglose de la atención prestada incluye:

• 1.182 mujeres víctimas de violencia.
• 241 menores a su cargo.
• 86 familiares.
• 53 hombres en programas de reeducación (Programa Fénix).

En el ámbito de la atención urgente, fundamentalmente en dependencias policiales, se han realizado intervenciones con 510 mujeres en lo que va de año.

Tecnología y empleo como vías de salida

La administración autonómica también ha anunciado una inversión de 1,8 millones de euros para reforzar el servicio de atención telefónica y telemática. Este impulso busca integrar la inteligencia artificial para mejorar la detección de patrones de riesgo y agilizar la planificación de recursos. Asimismo, se destinan 3,6 millones a servicios de asesoramiento jurídico-social y ayudas económicas, además de 500.000 euros al proyecto ‘Atrapadas’ para víctimas de trata.

Finalmente, la inserción laboral se mantiene como el objetivo último para lograr la autonomía de las víctimas. El programa ‘Pemcyl’, que cumple una década, ha facilitado la participación de 2.442 mujeres vulnerables. De las 991 participantes que eran víctimas de violencia de género, 425 lograron un empleo y 87 ampliaron su formación oficial, demostrando la eficacia de las políticas activas de empleo en el proceso de recuperación integral.