La Asociación Forestal de Soria denuncia que la normativa traslada responsabilidades esenciales de la administración regional hacia titulares y ayuntamientos, generando inseguridad jurídica y previsiblemente mayor abandono de montes.
La Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) ha solicitado a la Junta de Castilla y León y a respoonsables políticos una reflexión sobre el Decreto-Ley 2/2025, de 23 de octubre, de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales. La organización considera que esta reforma normativa es lesiva para los propietarios de montes en la mayoría de las ocasiones y rechaza responsabilidades de la administración regional hacia los titulares y los ayuntamientos.
Según explican en ASFOSO, el decreto genera inseguridad jurídica y previsiblemente provocará un aumento del abandono de montes, ya sean públicos o privados. La asociación asegura que la normativa pone en una situación de indefensión a la parte más débil de la cadena de valor del sector forestal.
Una de las reformas que recoge este Decreto-Ley traslada a los titulares de terrenos la obligación de conservarlos en condiciones de seguridad frente al riesgo de incendios. Esta propuesta supone un cambio tremendamente significativo respecto a la forma en la que estaban articulados hasta ahora los derechos y deberes de los propietarios forestales.
El sistema vigente establece que, en caso de definirse medidas de prevención de incendios, los propietarios de montes están obligados bien a realizar las medidas previstas, bien a permitir que la administración las realice. Sin embargo, ASFOSO entiende que la medida en vigor no es acorde con el escenario de falta de rentabilidad de los montes de Castilla y León.
Por ello, la organización califica de desproporcionada la reforma planteada por el Ejecutivo regional por el hecho de trasladar a los dueños de este tipo de terrenos la responsabilidad y el coste de conservarlos en condiciones adecuadas frente a los incendios.
La agrupación recuerda que el 60% de la superficie de la provincia es monte. Con más de 600.000 hectáreas calificadas como terreno forestal, un 68% pertenece a particulares, un 27% a entidades locales y un 5% al Estado y a las comunidades autónomas. Introducir esta responsabilidad supondría un importante perjuicio económico para la provincia que la mayor parte de titulares no podrían soportar, propiciando, previsiblemente, el abandono de muchas explotaciones.
Considera en ASFOSO que en tanto no se compense a los propietarios de montes por los servicios ambientales que estos generan, es inmoral pedirles nuevas obligaciones.
La reforma planteada traslada a los municipios una parte del peso preventivo a través del establecimiento de ordenanzas municipales sobre prevención de incendios forestales con el objeto de garantizar la seguridad de la población frente al riesgo de fuego en el capo. Además, establece la obligación de declarar la emergencia para la realización de estos trabajos.
En ASFOSO ven erróneo el transferir esa responsabilidad por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente hacia la administración local, especialmente a pequeños ayuntamientos que no tienen la capacidad de asumirla. Este paso, en caso de realizarse, sólo contribuiría a generar más confusión y a provocar que surjan errores de funcionamiento derivados de las limitadas capacidades de los municipios.
La Asociación Forestal de Soria también entiende que con la confección de este Decreto-Ley sólo se ha buscado eximir a la propia administración regional de obligaciones, trasladándoselas a la parte más débil de la cadena de valor de los montes, como son los propietarios y los municipios forestales.
Asimismo, la organización achaca al Decreto-Ley una visión excesivamente simplista de un problema que es muy complejo y que no se debe sólo a una cuestión de voluntad. Además, no se han previsto otros aspectos de la máxima importancia, como avanzar en el saneamiento y la titulación de la propiedad forestal, la recuperación de los montes de socios, el minifundismo forestal o el cierre de aserraderos y empresas forestales, entre otras cuestiones.
Si bien el Decreto-Ley, a partir del artículo 8, contempla un plan de simplificación normativa que esta Asociación considera positivo, la trascendencia de los cambios propuestos en sus siete primeros artículos y la situación de indefensión en la que se pone a los propietarios de montes hace que esta organización solicite una profunda reflexión sobre la normativa.
Finalmente, la Asociación Forestal de Soria cree que dicha normativa podría tener el efecto contrario al esperado por la administración regional y propiciar mayor abandono forestal. La cuestión, según plantea la organización, es quién va a pretender ser alcalde de un municipio con gran extensión forestal, querer, en otro caso, formar parte de la directiva de un monte de socios o recuperar las fincas de sus antepasados ante esta reforma que carga de responsabilidades al eslabón más vulnerable del sector forestal como son propietarios y municipios.
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