Medio Ambiente desestima las alegaciones de ASDEN y da luz verde a la adaptación de la explotación porcina de Ágreda

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha hecho oficial este lunes la modificación de la autorización ambiental integrada para la explotación porcina titularidad de Ganados Cintora S.L., ubicada en el término municipal de Ágreda. El objetivo de esta revisión administrativa es adaptar las instalaciones, que cuentan con capacidad para 5.079 plazas de cebo, a las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) exigidas por la normativa europea para la cría intensiva.

La orden, publicada esta mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), ratifica la continuidad de la actividad en el paraje «El Campillo» tras un proceso de revisión de oficio iniciado en 2022. La explotación, que dispone de una superficie de parcela de más de 34.000 metros cuadrados y tres naves de cebo, deberá cumplir con un estricto condicionado ambiental para controlar sus emisiones y la gestión de los residuos generados, especialmente en lo referente a los purines, dado que se encuentra en una zona designada como vulnerable a la contaminación por nitratos.

El expediente administrativo ha contado con la participación de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN), que presentó varias alegaciones durante el trámite de información pública, las cuales han sido desestimadas en la resolución final.

Dimensiones y consumo de recursos

La granja autorizada mantiene su clasificación en el grupo tercero por su capacidad productiva. Según detalla la documentación técnica, las instalaciones albergan cerdos de cebo de 20 a 120 kilogramos. Para el desarrollo de la actividad, se estima un consumo anual de agua de 14.780 metros cúbicos, procedentes de un pozo autorizado en el propio recinto, y un consumo de pienso de 3.900 toneladas al año.

En cuanto a las emisiones, los cálculos oficiales prevén la generación de 10.920 metros cúbicos de estiércol al año. Esto equivale a una producción de más de 30.800 kilos de nitrógeno disponible para su valorización agrícola. La normativa impone que la gestión de estos residuos se realice priorizando su uso como fertilizante orgánico-mineral, siempre respetando las dosis máximas permitidas para evitar la contaminación de suelos y acuíferos.

Alegaciones de ASDEN y respuesta de la Junta

Durante el proceso, la organización ecologista ASDEN presentó alegaciones solicitando acceso a la documentación cartográfica de las parcelas donde se aplican los purines y advirtiendo sobre los riesgos de contaminación en la zona. La asociación argumentó que la falta de información generaba indefensión y señaló la proximidad de la explotación a espacios protegidos como la ZEPA Sierra de Moncayo y zonas críticas para especies amenazadas en la vecina comunidad de Aragón.

La Consejería ha desestimado estas peticiones argumentando que el promotor es responsable de realizar una adecuada gestión anual de los purines y que se ha cumplido con la normativa de información pública. Respecto a la ubicación, la Junta reconoce que la granja está en la Zona Vulnerable «Ágreda-Ólvega», pero asegura que la documentación aportada por el titular garantiza el cumplimiento de las normativas autonómicas y estatales sobre nutrición sostenible de suelos.

Control de aguas y medidas ambientales

Para vigilar el impacto ambiental, la autorización exige la instalación de un mínimo de tres piezómetros de control: uno aguas arriba y dos aguas abajo de las instalaciones. Estos dispositivos permitirán monitorizar la calidad de las aguas subterráneas y detectar posibles fugas de las balsas de purines.

El titular deberá realizar análisis quinquenales de parámetros como nitratos, amonio y metales pesados. Además, se establecen distancias de seguridad estrictas para la aplicación de purines, prohibiendo su vertido a menos de 200 metros de núcleos de población menores y respetando los perímetros de protección de captaciones de agua para consumo humano.

La resolución agota la vía administrativa, aunque cabe la posibilidad de interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa.