Castilla y León, Galicia y Asturias exigen al Gobierno la supresión inmediata de los peajes en la AP-66 y AP-9

Santiago de Compostela ha acogido este miércoles un encuentro estratégico donde la Junta de Castilla y León ha instado nuevamente al Gobierno de España a poner fin a los peajes que gravan la circulación por la Autopista del Huerna y la Autopista del Atlántico. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha tomado parte en una jornada de trabajo junto a sus homólogos de Asturias y Galicia, así como con representantes de agrupaciones empresariales de los tres territorios, para exigir decisiones inmediatas que terminen con unas concesiones cuestionadas por la propia Comisión Europea al considerar que sus prórrogas contravienen el Derecho comunitario.

A juicio de Sanz Merino, esta reivindicación constituye una prioridad absoluta para garantizar la cohesión territorial y la competitividad del Noroeste peninsular, toda vez que infraestructuras como la AP-66 soportan un tráfico medio superior a los 6.100 vehículos ligeros diarios. Esta densidad de circulación evidencia el impacto directo y lesivo que el pago de tasas supone para los bolsillos de trabajadores, estudiantes y transportistas que dependen de esta vía para sus desplazamientos habituales. La Administración autonómica ha defendido que existen precedentes constatados, como la supresión de peajes en la AP-7 en Alicante, que demuestran la viabilidad de eliminar estas barreras económicas, por lo que ha solicitado al Ejecutivo central soluciones homogéneas que eviten agravios comparativos entre corredores estratégicos.

Castilla y León se configura como el principal territorio de paso y conexión entre Galicia, Asturias y el centro del país, lo que convierte a sus carreteras en arterias esenciales para la movilidad de todo el cuadrante noroeste. En este escenario, la continuidad de los peajes en vías como la AP-66, AP-6, AP-51, AP-61 o AP-71 implica un coste acumulado para la ciudadanía que no se registra en otras regiones de la geografía nacional. Ante la ausencia de una respuesta definitiva por parte del Estado a las cartas remitidas por las tres comunidades, el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026 ha incluido una partida de casi 10 millones de euros destinada a financiar bonificaciones para usuarios frecuentes empadronados en la Comunidad.

Estas ayudas autonómicas estarían orientadas especialmente a aliviar la carga económica en los desplazamientos habituales entre Segovia, Ávila y Madrid, así como en el corredor León-Astorga, con el objetivo de reducir los costes laborales y académicos y contribuir a la fijación de población. Asimismo, la Junta mantiene su disposición a estudiar su intervención en la AP-66, donde las reducciones aplicadas actualmente por el Estado resultan limitadas. Durante el encuentro, el consejero también ha puesto el foco en la necesidad de que el Gobierno exponga el Plan director del Corredor Atlántico, reclamando impulsos concretos como el lazo del Manzanal, la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro y la recuperación de la Ruta de la Plata para su incorporación a la Red Básica Ampliada en 2040.

El impacto estimado del Corredor Atlántico en el PIB regional ascendería a 3.600 millones de euros, permitiendo además una reducción de ocho millones de toneladas de CO2. Como muestra de la colaboración transfronteriza, Castilla y León, junto a Galicia y la Región Norte de Portugal, han logrado recientemente captar 1,2 millones de euros para un programa de cooperación Interreg España-Portugal, destinado a maximizar la competitividad logística de este eje estratégico.