Europa abre el grifo de las ayudas para Erasmus+ 2026 y blinda la artesanía local

Bruselas no se detiene ante el cierre del año y la Comisión Europea ha decidido activar ya los resortes para el próximo ejercicio, abriendo las convocatorias de 2026 para dos de sus programas más emblemáticos: Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. El anuncio supone una ventana de oportunidad vital para las entidades educativas y los jóvenes, toda vez que se ha puesto sobre la mesa un presupuesto que ronda los 5.200 millones de euros destinado a apoyar la educación, la formación y el deporte mediante la movilidad y la cooperación transfronteriza. Se trata de una apuesta decidida por la ciudadanía activa que llega en un momento de doble efeméride, habida cuenta de que se celebran 30 años del voluntariado europeo y una década desde la creación del programa solidario, el cual dispondrá de 175,3 millones de euros adicionales.

De forma paralela, y atendiendo a una reivindicación histórica de los oficios tradicionales, desde el pasado 1 de diciembre se ha hecho efectiva la ampliación de las indicaciones geográficas a productos que van más allá de la alimentación. Así las cosas, manufacturas como la alfarería, la cuchillería o la joyería podrán ser registradas bajo este nuevo sistema de propiedad intelectual que vincula las características del producto a su lugar de origen. Esta medida busca garantizar la protección de las técnicas de producción tradicionales y fomentar el empleo local, permitiendo a los consumidores distinguir la calidad de los productos elaborados dentro de las fronteras comunitarias, un paso que podría beneficiar a los talleres artesanos que aún resisten en el medio rural.

En el ámbito del sector primario, siempre sensible para la economía soriana, las instituciones comunitarias han alcanzado un acuerdo sobre la cooperación transfronteriza para combatir las prácticas comerciales desleales. Siendo que aproximadamente el 20 % de los productos agrícolas consumidos en la Unión proceden de otro Estado miembro, la nueva normativa pretende blindar a los agricultores frente a abusos como los retrasos en los pagos o la cancelación de pedidos de última hora por parte de grandes superficies, mejorando la coordinación entre las autoridades nacionales cuando comprador y vendedor se encuentran en distintos países.

Asimismo, los negociadores del Parlamento y del Consejo han pactado una tregua normativa respecto a la Ley de deforestación, acordando un aplazamiento de un año en su aplicación. Esta decisión busca facilitar la implementación de las medidas por parte de las empresas y los Estados miembros, simplificando unos requisitos que habían generado cierta inquietud en el sector. Por otro lado, y mirando hacia el futuro del campo, el Pacto Rural ha celebrado recientemente un congreso sobre despoblación en la vecina localidad turolense de Segura de los Baños, reuniendo a más de 200 participantes para debatir estrategias que frenen el declive demográfico, instando a las autoridades públicas a comprometerse con acciones concretas.

En otro orden de cosas, el balance de la reciente COP30 ha dejado un sabor agridulce entre los eurodiputados, quienes han calificado los resultados de 'progreso lento pero insuficiente'. A pesar de los esfuerzos de la delegación europea por establecer una eliminación gradual de los combustibles fósiles, la cumbre se ha cerrado con un acuerdo de mínimos para mantener el límite de 1,5 °C, encontrando reticencias en un frente unificado y una presidencia que no ha igualado la ambición climática que se exigía desde Bruselas.