La Junta y las OPAS exigen al Ministerio el envío del informe que avala la gestión del lobo

La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) han instado al Ministerio para la Transición Ecológica a remitir de inmediato a la Comisión Europea el informe sexenal que certifica el estado de conservación favorable del lobo. El documento, que debió enviarse antes del 31 de julio, es fundamental para activar las medidas de gestión de la especie paralizadas por el Gobierno central.

Representantes del Gobierno autonómico y del sector ganadero han analizado la situación actual de la gestión del cánido tras las modificaciones normativas aprobadas durante este 2025. El conflicto administrativo se centra en el informe correspondiente al periodo 2019-2024, que fue aprobado por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad el pasado 14 de julio. Este documento técnico concluye que el lobo goza de un estado de conservación favorable tanto en las regiones atlánticas como en las mediterráneas.

Sin embargo, el Ministerio (MITECO) mantiene bloqueado el envío del expediente a Bruselas pese a que el plazo expiró hace casi cinco meses. Según han explicado desde la Junta, el Gobierno central justifica el retraso en la necesidad de evaluar la afección de los incendios forestales sobre las poblaciones de lobo. Una excusa que la administración regional rechaza, argumentando que el reporte abarca hasta 2024 y no incluye el ejercicio actual, por lo que los incendios de este año no deberían frenar el trámite.

El bloqueo legal a la gestión de la especie

La importancia de este informe es capital para el futuro de la ganadería extensiva en la Comunidad. Aunque las recientes modificaciones de la Directiva Hábitat y la aprobación de la Ley 1/2025 han incluido a todas las poblaciones de lobo —tanto al norte como al sur del Duero— en el anexo V, permitiendo teóricamente su gestión, existe un obstáculo judicial insalvable sin el documento retenido en Madrid.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 29 de julio de 2024 establece que, independientemente del anexo en el que se encuadre la especie, el lobo no se puede cazar ni gestionar si su estado de conservación oficial es desfavorable. Al no remitir el nuevo informe que acredita la recuperación de la especie, el Ministerio mantiene artificialmente el estatus de conservación como 'desfavorable', impidiendo de facto cualquier medida de control poblacional.

Desde la Junta denuncian además que el informe se aprobó en contra del criterio del Ministerio y que, tras esa votación, se desconvocó la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, sin que hasta la fecha se haya vuelto a reunir a las comunidades autónomas para tratar este asunto. Por ello, exigen el cumplimiento de las obligaciones estatales con la normativa europea y el mandato de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Actualización de las indemnizaciones por daños

Durante el encuentro de trabajo, la administración regional también ha abordado la vertiente económica del conflicto. La Junta se ha comprometido a revisar en las próximas semanas los baremos de los pagos compensatorios por los daños que el lobo causa en la cabaña ganadera. El objetivo es actualizar las cuantías aprobadas en 2023 para ajustarlas a la realidad actual de los precios de mercado.

Para materializar esta medida, se convocarán próximamente nuevas reuniones técnicas donde se definirán los nuevos importes. Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico busca reforzar su apoyo al sector ganadero, que soporta las consecuencias directas de la expansión del lobo mientras se resuelve el bloqueo administrativo en Madrid.