El Consejo de Cuentas pondrá la lupa en 2026 sobre la vivienda municipal y la receta electrónica

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha comparecido esta mañana en las Cortes para presentar el Plan Anual de Fiscalizaciones 2026, una hoja de ruta que contempla la realización de 18 nuevos trabajos y que pone el acento en las políticas sociales. Durante su intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda, Amilivia ha desgranado una propuesta que nace con «vocación de consenso» y que busca profundizar en la naturaleza social de las competencias autonómicas, poniendo el foco en áreas sensibles como la sanidad, la educación y el acceso a la vivienda, además de prepararse para el escrutinio de las cuentas en un año que estará marcado por la cita con las urnas.

El documento presentado, que ahora deberá ser ratificado por la Cámara, incluye siete fiscalizaciones de mandato legal y diez de carácter especial, además del habitual informe de seguimiento de recomendaciones. Según ha explicado el presidente del órgano fiscalizador, se trata de una planificación «asumible y susceptible de modificaciones» que permitirá iniciar todos los trabajos previstos, sumándose a los 27 informes de planes anteriores que se proyectan finalizar en 2026. De este modo, la institución tendrá en tramitación 45 informes durante el próximo ejercicio, una cifra que Amilivia ha calificado de «ambiciosa» y que requerirá la implicación de todos los recursos disponibles.

Entre las novedades más destacadas figura una auditoría operativa sobre la política de vivienda de las entidades locales. Este trabajo analizará la planificación municipal, verificando las medidas adoptadas, el cumplimiento de objetivos y la eficacia de las actuaciones, así como los recursos destinados a garantizar el acceso a la vivienda y a la promoción de vivienda social. Asimismo, y habida cuenta de que 2026 será año de elecciones autonómicas, el Consejo incluirá el examen de la contabilidad electoral, debiendo pronunciarse sobre su regularidad en los 200 días posteriores a los comicios y proponiendo, en su caso, la reducción o no adjudicación de las subvenciones a las formaciones políticas.

Otra de las incorporaciones relevantes al Plan viene derivada de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional. Por primera vez, se realizarán dos informes específicos para evaluar las campañas de publicidad institucional, uno dedicado al ámbito autonómico y otro al sector público local. Amilivia ha matizado que, dado que solo la Junta contemplaba más de un centenar de campañas para 2025, resultaría imposible fiscalizarlas todas individualmente con los medios actuales, por lo que se ha optado por estos dos trabajos globales que son coherentes con la naturaleza fiscalizadora de la institución.

En el ámbito sanitario, que constituye la principal política de gasto de la Comunidad, el Consejo de Cuentas auditará la gestión de la receta electrónica. Se trata de un área de gran impacto presupuestario, toda vez que cerca del 23 % del gasto en transferencias corrientes corresponde a la facturación de recetas, un concepto que en 2023 ascendió a 785 millones de euros. El objetivo será evaluar la eficiencia y economía de los procesos gestionados por la Gerencia Regional de Salud y asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y seguridad.

La mirada del Consejo también se dirigirá hacia el mundo rural, con una fiscalización de las actividades y servicios en los municipios de menos de 500 habitantes, que representan el 80 % de los ayuntamientos de la Comunidad. Además, se han programado auditorías específicas en localidades concretas, como el análisis de seguridad informática en Miranda de Ebro, o la fiscalización del Ayuntamiento de Trabanca, en Salamanca, un municipio que nunca ha rendido su cuenta general y que figura entre los más endeudados de su categoría, con 434.000 euros de deuda y las entregas a cuenta de tributos del Estado retenidas.

Para finalizar, Mario Amilivia ha hecho balance del actual mandato, destacando que se han realizado 73 comparecencias en las Cortes para presentar 151 informes, lo que supone la mitad de toda la serie histórica de la institución. El presidente ha solicitado el apoyo de los grupos parlamentarios para este nuevo Plan, recordando que una hipotética denegación supondría una «anomalía» en el funcionamiento del órgano, y ha reiterado que la propuesta busca evitar auditorías que pudieran ser descartadas previamente, apostando por aquellas que generan mayor utilidad para la gestión pública.