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ASAJA Soria celebra la paralización del acuerdo con Mercosur tras las protestas en Bruselas

ASAJA Soria celebra la paralización del acuerdo con Mercosur tras las protestas en Bruselas

Actualizado 08/01/2026 18:09

La organización agraria valora el freno a la firma del tratado comercial como una consecuencia directa de la presión ejercida en la capital europea. Los ministros de Agricultura debaten ahora nuevas propuestas para garantizar la seguridad alimentaria del continente ante la incertidumbre global.

La reunión política de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrada ayer miércoles en Bruselas bajo la presidencia chipriota, ha servido para constatar el impacto de las reivindicaciones del sector primario. La movilización de COPA y COGECA del 18 de diciembre, en la que participó ASAJA Soria, ha llevado a desencadenar respuestas institucionales que comienzan a materializarse en cambios de rumbo significativos respecto a la hoja de ruta inicial de la Comisión.

El primer efecto tangible de aquella jornada de protesta, que contó con una delegación soriana desplazada hasta el corazón de Europa, ha sido el bloqueo temporal del acuerdo comercial con Mercosur. Según valoran por parte de la organización profesional agraria (OPA), la ratificación del tratado estaba prevista para la jornada de ayer, pero la presión ejercida ha obligado a abortar la firma y prorrogar la decisión. El objetivo ahora es reformular las propuestas para priorizar la soberanía alimentaria de la UE.

En ASAJA Soria insisten en que, sin la presencia de los agricultores en las calles de Bruselas el mes pasado, el acuerdo se habría rubricado tal y como estaba redactado, con las consiguientes desventajas competitivas que el sector venía denunciando.

Paquete de medidas sobre la mesa

Según apuntan en la OPA El encuentro ministerial ha servido para esbozar un plan de acción destinado a aliviar la presión sobre los productores. Entre las propuestas destacan las modificaciones en la Política Agrícola Común (PAC) y el presupuesto posterior a 2027, que contempla un Fondo de Asociación Nacional y Regional dotado con casi 294.000 millones de euros y una red de seguridad para crisis de 6.300 millones.

En materia de costes de producción y comercio, Bruselas plantea las siguientes líneas de actuación:

  • Fertilizantes: Suspensión temporal de aranceles sobre amoníaco y urea, junto a una mayor flexibilidad en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).
  • Comercio exterior: Refuerzo de los controles de importación con un aumento del 50 % en las auditorías y la prohibición de entrada a productos tratados con pesticidas no autorizados en la UE.
  • Simplificación burocrática: Inicio de un diálogo sobre las directivas de agua y nitratos previsto para el primer trimestre de este año.

Insuficiencia de las propuestas

A pesar de estos movimientos, que incluyen la reversión del recorte del 22 % de la PAC y una mayor reciprocidad con terceros países —una demanda histórica de ASAJA y del gobierno francés—, la respuesta del sector no ha sido de plena satisfacción. El COPA-COGECA, entidad que agrupa a las cooperativas y organizaciones agrarias europeas, ha advertido rápidamente sobre la "insuficiencia" de lo tratado.

La organización europea reconoce la capacidad de reacción de la presidenta Ursula von der Leyen y los comisarios, pero considera que las propuestas "no abordan la profundidad y la urgencia de los retos". Para el COPA-COGECA, las medidas actuales corren el riesgo de dejar sin resolver problemas estructurales, amenazando la competitividad a largo plazo.

Uno de los puntos más críticos es el tratamiento de los fertilizantes. El sector alerta de que la inclusión de estos insumos en el mecanismo CBAM es "inasequible" para una agricultura que depende estructuralmente de las importaciones. Asimismo, advierten de que las medidas sobre la PAC post-2027 podrían fomentar discrepancias entre los Estados miembros, rompiendo la unidad del mercado único.

La comunidad agrícola mantiene su movilización y advierte que los agricultores europeos necesitan "decisiones claras y duraderas, no medias tintas", para asegurar el futuro de un sector estratégico del que dependen 450 millones de ciudadanos.

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