La Junta de Castilla y León autoriza a i-DE la sustitución de este sistema. La administración desestima las alegaciones de los propietarios de la finca, que solicitaban el traslado de la infraestructura fuera del casco urbano aprovechando la obra.
El Boletín Oficial de Castilla y León ha hecho pública este lunes la resolución por la cual el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria otorga la autorización administrativa a la empresa i-DE Redes Eléctricas Inteligentes para acometer la sustitución de un transformador en la localidad de Ventosilla de San Juan. La intervención, que responde a una necesidad de adecuación medioambiental y mejora del servicio en esta pedanía perteneciente al municipio de Renieblas, implica el reemplazo de la actual infraestructura debido a la presencia de contaminantes peligrosos, concretamente bifenilos policlorados (PCBs).
Según recoge el expediente administrativo, la actuación no solo busca cumplir con la normativa vigente en materia de residuos peligrosos, sino que conlleva una mejora sustancial en la capacidad de la red, toda vez que se pasará de un equipo de 25 kVA a uno nuevo de 100 kVA. Sin embargo, el proceso administrativo no ha estado exento de controversia local, habida cuenta de que los propietarios de los terrenos donde se asienta la instalación, Mª Mercedes y Elías Esteras García, presentaron alegaciones durante el trámite de información pública solicitando el desplazamiento de la infraestructura.
Los vecinos afectados argumentaron que, aprovechando el cambio del equipo y el aumento de potencia, era el momento idóneo para trasladar el centro de transformación a un lugar más adecuado, lejos de su propiedad ubicada en el centro del núcleo urbano, aludiendo a los posibles riesgos para las personas. Ante esta petición, la compañía eléctrica ha defendido que la intervención no supone una modificación de la ubicación, sino una mejora de la calidad del servicio y la seguridad ambiental. La empresa distribuidora llegó a proponer a los alegantes que, si deseaban el traslado, debían asumir los costes derivados del estudio y la obra, así como la consecución de los nuevos permisos, amparándose en la Ley del Sector Eléctrico.
La resolución firmada por el jefe del Servicio Territorial, Manuel López Represa, pone fin a este desencuentro administrativo dando la razón a la eléctrica. La Administración autonómica ha constatado que la instalación cuenta con todos los permisos y servidumbres necesarios para su explotación legal en la ubicación actual, desestimando así la pretensión de los propietarios de que el coste del traslado fuera imputable a la empresa. De este modo, se confirma que la ocupación que la distribuidora ejerce sobre la parcela es ajustada a Derecho.
Tras esta autorización, la empresa dispone de un plazo de doce meses para la puesta en marcha de la nueva instalación. Asimismo, la resolución establece la obligación de desmantelar todos los elementos de la red que queden fuera de servicio, incluidas las cimentaciones, en un periodo de seis meses desde la autorización de explotación, debiendo comunicar dicha retirada al Servicio Territorial en los diez días posteriores a su realización. La medida garantiza la eliminación de los componentes contaminados con PCBs del entorno de Ventosilla de San Juan.
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