La Red SSPA exige en Bruselas que Europa blinde las ayudas a la despoblación frente a los filtros nacionales

La batalla por garantizar un futuro viable para las zonas despobladas de España se libra esta semana en los despachos de Bruselas, donde se define la arquitectura financiera de la próxima década. El coordinador de la Red SSPA (Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa), Mario Vega, ha trasladado al corazón de las instituciones comunitarias una exigencia clara: que los reglamentos europeos reconozcan "desde el inicio" las desventajas de territorios como Soria, Cuenca y Teruel, sin esperar a que los Estados miembros decidan cómo repartir los fondos. Esta reivindicación se ha producido durante una consulta clave organizada por el Comité Europeo de las Regiones sobre el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034.

La intervención de Vega, que acudía en representación de la red fundada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel, pone el dedo en la llaga de una de las quejas históricas de la provincia: la dificultad de acceder a una financiación justa cuando la decisión final depende de las negociaciones internas de cada país. Según ha defendido el coordinador, es vital que el reconocimiento de la despoblación se produzca "a nivel europeo", tal y como ya sucede con las regiones nórdicas de Finlandia y Suecia, mucho antes de la aplicación nacional de los fondos. El objetivo es asegurar un "trato diferenciado y proporcional" que blinde las ayudas frente a los vaivenes políticos nacionales.

El escenario de esta reivindicación no ha sido casual. La Comisión Europea se ha mostrado abierta a modificar su propuesta inicial del Marco Financiero Plurianual tras recibir diversas críticas, lo que abre una ventana de oportunidad para Soria. En este sentido, Vega ha advertido de que, a día de hoy, territorios como la provincia soriana cuentan con "muy poco margen de maniobra en las mesas negociadoras" nacionales, provocando que sus necesidades "generalmente se diluyan en las agendas políticas que no las prioritizan". Por ello, la Red SSPA considera indispensable que la normativa comunitaria obligue explícitamente a atender estas desventajas estructurales permanentes, amparándose en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Durante el debate en el Comité de las Regiones, donde se ha discutido la propuesta de Reglamento del Fondo de los Planes de Asociación Nacionales, también se ha alertado sobre los riesgos de la nueva burocracia. Los ponentes del dictamen han señalado el peligro de que la supuesta simplificación de los fondos derive en una "recentralización" que acabe debilitando la dimensión territorial de las políticas europeas. Una preocupación que la Red SSPA comparte, insistiendo en que la gobernanza de los fondos por sí sola es insuficiente si no va acompañada de mecanismos normativos que aseguren una diferenciación real para el medio rural.

La urgencia de estas medidas se sustenta en unas proyecciones demográficas preocupantes para el conjunto del continente. Desde la organización empresarial advierten que el declive poblacional, que ahora parece un problema localizado en provincias como Soria, es una realidad que podría extenderse a "más de la mitad de los Estados miembros en 2034" si no se interviene de forma inmediata en el próximo periodo presupuestario. Para la SSPA, la solución pasa por una flexibilidad administrativa que tenga en cuenta la "limitada capacidad" de los pequeños municipios y por un marco legal que no deje a la voluntad de los gobiernos nacionales la supervivencia de la España vaciada.