La Junta avala 19 nuevas plazas judiciales, pero reclama un juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Soria

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha informado favorablemente el proyecto de Real Decreto del Gobierno central que prevé la creación de nuevas unidades judiciales en la Comunidad (500 en España), aunque ha advertido de que el texto deja fuera a provincias como Soria, que continúa sin Juzgado de Vigilancia Penitenciaria pese a disponer de centro penitenciario.

El asunto ha sido trasladado al Consejo de Gobierno a raíz del informe elaborado por los Servicios Jurídicos autonómicos a petición del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El dictamen era preceptivo, en aplicación del Estatuto de Autonomía y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Junta valora positivamente la creación de nuevas plazas en la Comunidad, pero el informe autonómico subraya ausencias significativas en el reparto territorial. El proyecto estatal no contempla nuevas unidades judiciales en Palencia, Soria ni Zamora, pese a que existen peticiones formales reiteradas tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como por la propia Junta.

En el caso de Soria, la reivindicación más destacada es la creación de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La petición se remonta a 2022 y fue también respaldada por las Cortes autonómicas en 2023. La provincia cuenta con un nuevo centro penitenciario, pero carece de este órgano especializado, lo que obliga a asumir la vigilancia y el control de la ejecución penal desde otros partidos judiciales, con el consiguiente impacto en la gestión y en la proximidad del servicio.

El informe también pone el foco en el peso relativo de Castilla y León en el conjunto del reparto. De las 500 nuevas unidades judiciales previstas en España, 19 se asignan a la Comunidad —una en Ávila, cuatro en Burgos, cuatro en León, una en Salamanca, una en Segovia, seis en Valladolid y dos de adscripción territorial al Tribunal Superior de Justicia—, lo que representa un 3,8% del total. La cifra contrasta con el casi 16% de las plazas creadas en 2022 que recayeron entonces en la Comunidad.

La Junta recuerda además que Castilla y León concentra cerca del 5% de la población nacional, el 19% del territorio y el 28% de los municipios del país, factores que inciden en la organización del servicio público de Justicia y en los costes asociados a la dispersión geográfica.