La Junta declara excepcional la campaña agrícola y pide al Gobierno central que active ayudas por las borrascas de los últimos días

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha declarado excepcional la campaña agrícola actual tras semanas de lluvias y nieves que han alterado de forma sustancial el desarrollo normal de la actividad.

Las precipitaciones persistentes han provocado la saturación de los suelos, han impedido la entrada de maquinaria en numerosas parcelas y han dificultado las labores de siembra y otros trabajos esenciales en el campo.

La declaración de excepcionalidad constituye el primer paso para activar medidas específicas de apoyo al sector. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural analizará ahora, explotación por explotación, si concurren las circunstancias que la normativa europea define como “fenómeno meteorológico grave” con incidencia directa en la actividad agraria. Este análisis permitirá, en su caso, aplicar flexibilidades en los requisitos de la Política Agraria Común (PAC), una cuestión clave para que los agricultores no se vean penalizados por incumplimientos derivados de causas ajenas a su voluntad.

Declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia

De forma paralela, la Junta pedirá al Ejecutivo central la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil para todas las provincias que han sufrido las consecuencias de las dos borrascas, Marta y Nils, registradas entre los días 7 y 12 de febrero.

Durante ese periodo, Castilla y León ha encadenado varios episodios de alto impacto, con descensos acusados de temperatura, nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Estos fenómenos han provocado daños en viviendas y enseres, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, pequeñas empresas, infraestructuras municipales y carreteras, además de afecciones medioambientales.

Con esta petición formal, el Ejecutivo autonómico busca que el Gobierno de España active las medidas de apoyo previstas en la legislación estatal para facilitar la recuperación económica y social de las zonas damnificadas y compensar los daños ocasionados por las borrascas de febrero.