El comité de empresa del Ayuntamiento de Soria critica el rechazo a sus alegaciones presupuestarias y amenaza con ir al juzgado ante la falta de negociación.
El comité de empresa del Ayuntamiento de Soria ha ofrecido hoy una rueda informativa para poner de manifiesto la problemática que siguen atravesando los empleados municipales, así como la falta de voluntad negociadora que, según denuncian, mantiene el Consistorio. En la comparecencia han intervenido el presidente de este órgano de representación, Fernando Santiago, que ha estado acompañado por Fernando Pérez, Óscar Hernández y Francisco Javier Herrero, quienes han desgranado diversos asuntos que afectan a la plantilla, haciendo especial hincapié en los horarios de las instalaciones municipales, la gestión de los presupuestos y la ausencia de actas en las reuniones.
Los representantes de los trabajadores han comenzado su intervención lamentando el trato recibido por parte del equipo de gobierno. Han descrito una situación de bloqueo constante en la que se niega cualquier reclamación planteada por la parte social. En este sentido, ha salido a relucir una metáfora muy gráfica para definir la situación actual: "Se menciona mucho que nuestro convenio es un convenio bueno y que ya quisieran en muchos otros sitios, pero para nosotros es como el que tiene una figura de alabastro en encima de la televisión, es decir, muy bonita, pero pero no sirve para nada porque no se aplica", ha indicado Santiago.
La crítica ha girado, entre otros puntos en torno a la aprobación de los presupuestos y la desestimación de las alegaciones presentadas por la representación laboral (junta de personal y comité de empresa). Según han explicado, estas propuestas han sido rechazadas íntegramente con los votos del PSOE, mientras que la oposición, con PP y Vox, se ha mostrado favorable. Una situación que genera inseguridad jurídica sobre una plantilla de personal aprobada junto con las cuentas municipales. "Su falta provoca imposibilidad de oferta de empleo público sin plantilla aprobada. No pueden aprobar nuevas plazas ni realizar procesos de estabilización", han alertado los representantes de los trabajadores.
La tensión en las mesas de negociación ha sido otro de los temas abordados. Los portavoces sindicales han relatado cómo, en las reuniones celebradas recientemente para abordar los horarios de las instalaciones deportivas, la parte municipal se ha levantado de la mesa ante la petición de los trabajadores de grabar la sesión. Han defendido su derecho a registrar las conversaciones para garantizar la fidelidad de lo tratado, especialmente ante la falta de actas de reuniones anteriores, tal y como se hace en las comisiones municipales e incluso en sesiones plenarias. "Resulta especialmente grave, entonces acusar reiteradamente a los sindicatos de mala fe negociadora y que haya sido la propia parte empresarial la que se haya levantado la mesa. No puede romper el diálogo, y después culpar a quienes permanecen en él", observan. Además, han descrito que al tiempo de ser celebrados estos encuentros no cuentan con las actas de sesiones anteriores para su aprobación, como se hace, por ejemplo, en las juntas vecinales de propietarios, según han ejemplificado.
Asimismo, han denunciado la "intromisión de empresa privada" en las instalaciones municipales y la falta de cobertura de vacantes, citando ejemplos concretos como la ausencia de un electricista municipal, que llevó a la suspensión de un pleno. A mayores, el estado que atraviesa de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) también ha tenido protagonismo, al ser calificada como obsoleta y desconectada de la realidad de las funciones que realizan los empleados. "Una valoración que no coincide con la realidad puede ser considerada un fraude de ley en las gestiones del empleo público", han asegurado.
Los representantes sindicales han mostrado su desconfianza hacia la gestión actual, comparando la gestión municipal como si fuese "un cortijo" y han advertido que la única vía que les queda para defender sus derechos es la judicial, a pesar del coste que ello supone para la ciudadanía. Abogan, aquí, por el establicimiento entre partes de una figura arbitral para llevar a buen término las propuestas.Del mismo modo, han recalcado que las cuentas del Consistorio "consolidan el modelo de gobierno caciquil y autoritario", habida cuenta, además, que el Capítulo 1, de los presupuestos no desglosan gastos, amén de que los calendarios laborales se mantienen sin ser aprobados.
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