La brecha salarial le cuesta a las castellano y leonesas 1.710 millones de euros

Un total de 1.710 millones de euros menos en los bolsillos de las mujeres en un solo año (2023). Una pérdida de ingresos que, aunque se ha reducido de forma más contundente en los últimos siete ejercicios, continúa siendo cuantiosa. Parte de esa disminución se explica, según los datos presentados hoy por UGT Castilla y León, por la caída del número de mujeres asalariadas en 2023. En ese mismo periodo, el empleo masculino aumentó en 13.725 asalariados, lo que duplicó la brecha de género en este indicador laboral: del 4,3% en 2022 al 8,1% en 2023.

Con motivo del día por la Igualdad Salarial que se celebra el 22 de febrero, UGT Castilla y Leó ha presentado hoy su informe anual sobre brecha salarial entre mujeres y hombres. El estudio se basa en la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente a 2023.

Los datos sitúan la brecha salarial en Castilla y León en el 15,56%. Aunque sigue siendo elevada, el sindicato subraya que mantiene una tendencia descendente. En 2023 la reducción porcentual en la comunidad fue del 2,44%, frente al 1,35% registrado en el conjunto del país. Desde 2018, la brecha nacional ha descendido un 5,67%, mientras que en Castilla y León la caída acumulada alcanza el 7,34%.

Según ha explicado la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales, Victoria Zumalacárregui, y el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral, Alberto Miguel, uno de los factores decisivos en esta evolución ha sido el incremento sostenido del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Desde 2018, el SMI ha aumentado un 66%, pasando de algo más de 700 euros a 1.221 euros en la actualidad. El sindicato sostiene que este incremento ha tenido un impacto mayor en Castilla y León debido a que los salarios medios son inferiores a la media estatal y a que el mercado laboral presenta una fuerte segregación de género, tanto vertical como horizontal, además de una elevada concentración de mujeres en empleos precarios.

Pese a la mejora relativa, la desigualdad estructural persiste. La diferencia media anual entre salarios de hombres y mujeres se sitúa en 4.256 euros. En términos agregados, las 401.000 mujeres asalariadas de la comunidad dejaron de percibir en 2023 esos 1.710 millones de euros. Además, 42 de cada 100 personas perceptoras del SMI en Castilla y León son mujeres, frente a 27 hombres, lo que evidencia su mayor presencia en los tramos salariales más bajos.

El informe también advierte de lo que califica como una reducción “artificial” de la brecha en los niveles salariales altos. El descenso del diferencial del 15% al 9,5% en ese segmento se explica porque más de 9.500 mujeres altamente cualificadas abandonaron la comunidad en 2023. Para el sindicato, este dato refleja un modelo laboral que no garantiza oportunidades, estabilidad ni salarios competitivos para las mujeres con mayor formación.

A partir de la evolución observada, UGT estima que, de mantenerse el ritmo actual, Castilla y León tardará entre 40 y 45 años en cerrar la brecha salarial. El sindicato considera este horizonte temporal inasumible y lo atribuye a la falta de medidas estructurales suficientes.

Entre las propuestas planteadas figuran la revisión del uso del contrato a tiempo parcial, que afecta mayoritariamente a mujeres y condiciona su trayectoria profesional y futura pensión; la modificación de la normativa que permite absorber y compensar complementos salariales con las subidas del SMI —lo que, según denuncian, mantiene congelados los ingresos de muchas trabajadoras—; y la aplicación efectiva del principio de igualdad retributiva por trabajos de igual valor.

En el contexto de las elecciones autonómicas del 15 de mayo, el sindicato exige a las formaciones políticas compromisos explícitos en materia de igualdad salarial, transparencia retributiva en las empresas, protección de los planes de igualdad y refuerzo de los servicios públicos que faciliten la conciliación. La organización insiste en que la brecha salarial no responde a un fenómeno coyuntural, sino a decisiones políticas, empresariales y sociales que requieren correcciones normativas y de negociación colectiva.

Para UGT Castilla y León, la igualdad salarial no es un planteamiento ideológico sino una exigencia constitucional y una condición para el desarrollo económico y demográfico de la comunidad. El mensaje final es claro: esperar cuatro décadas para alcanzar la equiparación salarial resulta, a su juicio, incompatible con una sociedad que aspire a la equidad efectiva entre mujeres y hombres.