La Diputación de Soria acudirá a los tribunales ante el "bloqueo" del Aeródromo de Garray

La Diputación Provincial tomará medidas legales tras recibir un informe jurídico externo que señala directamente al Gobierno de España, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), como responsable del bloqueo en la ampliación del Aeródromo de Garray.

Según ha explicado el presidente de la institución, Benito Serrano, el informe "viene a decir dos cosas": "La primera que es el Gobierno de España quien está bloqueando esto y la segunda que tiremos para adelante".

Según el informe, no existe una transferencia de competencias formalizada para dotar de recursos y medios económicos este traspaso. "O se ha firmado o no se ha firmado. Igual que se ha hecho para el resto de competencias... esa mesa de transferencias no se ha juntado nunca", expresaba con firmeza Serrano.

Para el presidente, la situación ha alcanzado un punto de irracionalidad: "Nosotros lo que queremos saber es por qué se ha producido este sinsentido... Esto es absurdo lo que está ocurriendo aquí". El presidente ha lamentado el perjuicio económico que esta "parálisis" supone para Soria, citando la pérdida de empresas de drones tripulados, mantenimiento de motores y escuelas de vuelo que finalmente han optado por instalarse en provincias como Huesca, Burgos o Castellón.

Serrano ha comparado este escenario con los diez años de retraso que sufrió el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), advirtiendo que, aunque en el futuro se exijan responsabilidades, el daño actual a Soria es difícil de cuantificar, por eso insiste en que "alguien nos lo tendrá que explicar".

Ante esta situación, la Diputación ha confirmado que se personará judicialmente para determinar quién es el responsable del bloqueo. "Nosotros vamos a hacer ese trámite para ver quién es el responsable... por lo menos con esa duda no nos vamos a quedar".

Respecto a la ampliación de la pista, Serrano ha confirmado que se procederá a la expropiación de terrenos tras no alcanzar acuerdos con propietarios privados que pedían precios superiores a los oficiales.