La Guardia Civil incauta 49.000 productos electrónicos falsos valorados en 2 millones de euros

La Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través del Destacamento Fiscal y de Fronteras de Soria y con la colaboración del SEPRONA de Soria, ha llevado a cabo una actuación en un establecimiento comercial de la capital soriana dedicado principalmente a la venta de ultramarinos, donde se localizaron miles de artículos tecnológicos presuntamente falsificados.

Durante la inspección realizada en el local, los agentes accedieron a un almacén situado en la planta superior, donde observaron numerosas cajas de productos electrónicos de marcas reconocidas, así como estanterías repletas de fundas para teléfonos móviles de alta gama.

Parte de las cajas se encontraban abiertas y contenían envases completos, precintados y preparados para su distribución, además de cajas vacías, etiquetas con numeraciones de serie idénticas, adhesivos de cierre, certificados de autenticidad y diversos componentes electrónicos, entre ellos auriculares, cargadores y cables de datos. Todo ello hizo sospechar a los agentes de la posible utilización del almacén como punto de ensamblaje, manipulación y envasado de productos tecnológicos.

Los detenidos no pudieron acreditar la procedencia lícita de la mercancía intervenida ni aportar documentación justificativa relacionada con su adquisición, distribución o comercialización.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la intervención cautelar de aproximadamente 49.000 artículos de las marcas APPLE, SAMSUNG, JBL, MARSHALL, XIAOMI, REDMI, SONY, LENOVO y BEATS, cuyo valor estimado en el mercado legal asciende aproximadamente a 1.780.000 euros, a falta de recuento definitivo y de la correspondiente valoración pericial por parte de las marcas afectadas.

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial.

El delito contra la propiedad industrial se encuentra tipificado en el Código Penal español y puede conllevar penas de prisión de uno a cuatro años, así como multas económicas, además del decomiso y destrucción de los productos intervenidos.