El riesgo para la Cuerda del Pozo tumba la granja porcina proyectada en Cidones

La Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha resuelto denegar la autorización ambiental para la explotación de ganado porcino de cebo proyectada en el término municipal de Cidones. La decisión pone fin a un largo proceso administrativo y judicial que se inició en 2017.

El proyecto contemplaba inicialmente la creación de una granja con capacidad para 4.368 plazas de cerdos de cebo en la parcela 3 del polígono 6 del municipio. Tras diversas modificaciones técnicas introducidas durante la tramitación para adaptarse a la normativa sectorial, el promotor redujo la capacidad final de la instalación a 3.614 plazas.

La denegación se fundamenta de manera determinante en los informes desfavorables emitidos por la Confederación Hidrográfica del Duero en marzo y mayo de este año. El organismo de cuenca advierte de la existencia de un riesgo extremo de contaminación de las aguas en sus componentes superficial, subterránea e hiporreica, así como de una potencial afección al dominio público hidráulico.

La parcela elegida para la ubicación de la granja se encuentra en la cuenca de escorrentía directa del embalse de la Cuerda del Pozo. Esta masa de agua cuenta con especiales figuras de protección al estar declarada como zona sensible, agua de baño y captación para el consumo humano de la capital soriana. Además, la cartografía oficial revela que en la propia finca se localiza el nacimiento de un arroyo sin denominación.

Durante el periodo de exposición pública y los posteriores trámites de audiencia, el proyecto suscitó una fuerte oposición social y vecinal. El Ayuntamiento de Cidones, el Ayuntamiento de Soria, la Asociación Soria Verde-Pueblos Sostenibles y la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza presentaron numerosas alegaciones centradas en el impacto paisajístico y la gestión de los purines.

El expediente ha estado marcado por una compleja trayectoria judicial. En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obligó a la Junta a continuar con la tramitación ambiental tras una inadmisión previa por incompatibilidad urbanística. Posteriormente, en 2025, se llegó a dictar una declaración de impacto ambiental favorable, que sin embargo no ha sido suficiente para salvar el proyecto ante las exigencias del nuevo Plan Hidrológico del Duero.

La resolución de la Junta recalca que los principios de precaución y acción preventiva obligan a denegar la autorización sustantiva ante la inviabilidad de mitigar los riesgos de contaminación hídrica en este emplazamiento. Contra esta decisión administrativa, el promotor podrá interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa.

La resolución de la Junta, en este enlace.