La Policía destapa una red de trata de personas explotadas con jornadas de hasta 14 horas en Burgos

La Policía Nacional ha detenido a dos empresarios vinculados al sector de la construcción en Burgos como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laborall, coacciones, blanqueo de capitales y vulneración de los derechos de los trabajadores.

La denominada operación SATE, desarrollada en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha permitido sacar a la luz un sistema organizado de captación y utilización de mano de obra inmigrante en condiciones extremadamente precarias.

Según la investigación, uno de los detenidos actuaba como contratista principal de varias obras, mientras que el segundo se encargaba presuntamente de reclutar trabajadores extranjeros, trasladarlos a España y alojarlos en viviendas donde convivían en situación de hacinamiento.

Las pesquisas se iniciaron a comienzos de abril, después de que un empresario afincado en Italia denunciara ante la Policía incumplimientos en el pago de salarios y amenazas telefónicas relacionadas con una obra que supervisaba en Burgos. Aquel episodio permitió detectar una realidad mucho más amplia: la existencia de numerosos trabajadores africanos sometidos a explotación laboral en distintas actuaciones de nueva construcción y rehabilitación energética en la provincia.

La investigación cobró especial relevancia el 18 de abril, cuando dos trabajadores inmigrantes se subieron a una grúa en una obra del barrio de Fuentecillas para reclamar el abono de los salarios que se les adeudaban y denunciar públicamente la situación que sufrían. El suceso, que obligó a intervenir a negociadores policiales y movilizó a numerosos servicios de emergencia, se convirtió en el detonante definitivo para profundizar en las pesquisas.

Paralelamente, la comisaría de Aranda de Duero recibió nuevas denuncias de trabajadores extranjeros que relataban experiencias similares y señalaban a las mismas empresas y responsables. La coincidencia de testimonios permitió a los investigadores establecer conexiones entre todos los casos y detectar un entramado empresarial basado en la subcontratación y en la dilución de responsabilidades.

Los agentes han constatado que las víctimas se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad por su condición administrativa, el desconocimiento del idioma y la falta de familiaridad con la legislación laboral española. Algunos habían sido trasladados desde otros países europeos incumpliendo la normativa sobre desplazamiento de trabajadores y bajo promesas salariales que nunca llegaron a cumplirse.

Intimidación con arma de fuego

Una vez en Burgos, eran distribuidos en distintos pisos, trabajaban jornadas de hasta 14 horas diarias y, según la Policía, sufrían amenazas y coacciones para evitar cualquier protesta. Los investigadores sostienen incluso que uno de los arrestados llegó a exhibir un arma de fuego para intimidar a los trabajadores.

Las detenciones se practicaron el pasado 23 de junio. Además, la autoridad judicial autorizó el registro de una vivienda situada en el distrito oeste de la capital burgalesa y de un local comercial en Gamonal, ambos vinculados a la actividad empresarial investigada.