Castilla y León moderniza una normativa del juego que no se cambiaba desde 2005

La Junta de Castilla y León actualiza la normativa del juego privado y presencial con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de las empresas y aumentar la protección de los colectivos más vulnerables. La Consejería de la Presidencia asume el compromiso de adaptar un marco regulatorio que no se modificaba desde hace más de una década.

Esta medida ha sido comunicada por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante un encuentro de trabajo mantenido con los representantes de los diferentes subsectores del juego presencial en la comunidad, que engloba a casinos, bingos, salones de juego, apuestas y máquinas recreativas. El sector genera actualmente cerca de 2.000 empleos directos en Castilla y León y aporta más de 60 millones de euros anuales a las arcas de la Administración autonómica.

La reforma normativa se centrará en la actualización de los reglamentos de los distintos subsectores, cuyas regulaciones vigentes datan del periodo comprendido entre los años 2005 y 2014. Según ha detallado el consejero, estos desarrollos reglamentarios permitirán adaptar el marco legal tanto a la rápida evolución tecnológica como a las nuevas prácticas sociales, garantizando una ordenación coherente y ajustada a la realidad actual.

Uno de los pilares de esta planificación es la aprobación de la nueva Estrategia de Juego Responsable de Castilla y León. Este documento estratégico será elaborado por la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable, un órgano creado tras la última modificación de la Ley del Juego en el año 2024. Su meta principal consiste en coordinar de forma estable las políticas de prevención y sensibilización entre administraciones, asociaciones y el propio tejido empresarial.

Asimismo, la Consejería de la Presidencia completará la implantación de la teletramitación en todos los procedimientos administrativos del sector. Con esta digitalización se busca agilizar la relación electrónica entre las empresas y la Administración, reduciendo de forma significativa las cargas burocráticas. De forma paralela, la Junta reforzará las labores de inspección y control de los establecimientos autorizados, contando con la implicación activa de las empresas a través de medidas de responsabilidad social corporativa.