Castilla y León recurrirá el reparto de menores no acompañados ante los tribunales

La Junta de Castilla y León anuncia la interposición de un recurso contra el Real Decreto que fija en 833 la cifra de menores extranjeros no acompañados asignados a la comunidad. El Gobierno autonómico rechaza la medida al considerarla una imposición unilateral que compromete la sostenibilidad de los recursos locales.

El Ejecutivo autonómico formalizará en los próximos días la impugnación del Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, norma que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas. Con esta decisión, la Junta busca frenar una resolución que, a su juicio, se ha adoptado al margen del consenso y de las competencias autonómicas.

Desde la administración regional se critica que el Gobierno de España actúe de manera unilateral en una materia tan sensible. La Junta sostiene que la distribución de los menores se ha realizado bajo criterios estrictamente políticos, obviando la capacidad real de acogida de cada territorio y dificultando la planificación de los servicios de protección.

¿Por qué recurre la Junta de Castilla y León esta decisión?

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha instado a los Servicios Jurídicos de la Junta a iniciar las acciones legales pertinentes. El principal argumento radica en la falta de proporcionalidad de los criterios aplicados por el Ministerio. La Junta defiende que el incremento de plazas asignadas carece de una justificación objetiva y no se corresponde con la evolución demográfica de la comunidad.

Para ilustrar esta discrepancia, el Gobierno regional compara los datos de asignación con el crecimiento poblacional. Mientras que la población de Castilla y León apenas aumentó un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, el número de menores extranjeros asignados se ha incrementado en un 6,38 %, pasando de los 783 fijados el año anterior a los actuales 833.

Antecedentes de un conflicto competencial

Este nuevo recurso se suma a la batalla legal que la Junta ya mantiene abierta contra el Ejecutivo central por este mismo asunto. El Gobierno autonómico ya impugnó en los tribunales el anterior Real Decreto de 26 de agosto de 2025, que establecía un cupo de 783 menores para la comunidad.

Con la nueva impugnación, Castilla y León reafirma su postura de exigir un sistema de reparto coordinado y respetuoso con las competencias de protección de menores que corresponden a las comunidades autónomas. La Junta insiste en que la sostenibilidad del sistema de tutela solo puede garantizarse mediante el diálogo y la evaluación objetiva de los recursos disponibles en cada territorio.