El programa OFI de Castilla y León se renueva con un modelo más flexible y un 60% de financiación europea

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León la Orden IEM/617/2026, mediante la cual se establecen las nuevas bases reguladoras del Programa de Orientación, Formación e Inserción, conocido como OFI. Esta normativa, que entra en vigor este miércoles, busca actualizar y flexibilizar las políticas activas de empleo en la Comunidad.

La nueva regulación deroga la anterior orden de agosto de 2022, adaptándose a la evolución reciente del mercado de trabajo y a las directrices de la Unión Europea. De este modo, las subvenciones destinadas a financiar estos proyectos contarán con una cofinanciación del 60% a través del Fondo Social Europeo Plus, en el marco del programa plurianual de Castilla y León.

Los proyectos subvencionables consistirán en itinerarios integrados y personalizados para cada participante, combinando de forma transversal acciones de orientación profesional, formación para el empleo y acompañamiento para la inserción. Así las cosas, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León busca dar una respuesta ágil a las necesidades de cualificación especializada que demanda el tejido empresarial.

El programa se dirige fundamentalmente a personas trabajadoras desempleadas inscritas en el servicio regional de empleo, incluyendo también a trabajadores fijos discontinuos en período de inactividad y a personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo o mecanismos de flexibilidad laboral.

Dos líneas de actuación para la inserción

Para optimizar la gestión de los fondos, el programa se estructura en dos líneas de trabajo. La primera de ellas se vincula directamente a sectores con una elevada demanda de empleo, con el objetivo de adecuar las competencias de los alumnos a las necesidades reales de las empresas. La segunda línea se enfoca en colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, reforzando la dimensión inclusiva de estas políticas.

La concesión de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva. Las entidades beneficiarias, que pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, deberán disponer de centros de formación debidamente acreditados en el territorio de Castilla y León para poder impartir las especialidades formativas correspondientes.

Compromiso de contratación y calidad

Uno de los aspectos más destacados de las nuevas bases es la obligatoriedad de asumir un compromiso de inserción laboral por parte de las entidades beneficiarias. Para dar por cumplido este compromiso, las inserciones laborales deberán traducirse en contratos por cuenta ajena o altas de autónomos que mantengan la cotización a la Seguridad Social durante un mínimo de 90 días ininterrumpidos, con una jornada de al menos el 50% de la ordinaria.

Asimismo, las entidades participantes deberán someterse a estrictos controles de calidad y realizar una autoevaluación de las acciones formativas impartidas. Habida cuenta de la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos públicos, los beneficiarios tendrán que suscribir un compromiso verificable de calidad antes de recibir cualquier abono de la subvención.

A partir de ahora, habrá que estar a la espera de las sucesivas convocatorias que concrete el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, las cuales determinarán los presupuestos específicos, los plazos de solicitud y los colectivos prioritarios para cada una de las provincias de la Comunidad.