La reforma urbanística de Ágreda regulariza las alineaciones de la calle Arco de Añavieja

El Ayuntamiento de Ágreda ha dado luz verde definitiva a la modificación del estudio de detalle de la actuación aislada denominada A.A.-04, que comprende el entorno de la avenida de Navarra y la calle Jesús Díaz. La decisión, adoptada formalmente en la sesión plenaria del pasado 29 de junio, ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Este planeamiento de desarrollo, promovido por particulares, tiene como principal propósito subsanar una situación catastral y urbanística que afectaba directamente a varias propiedades de la zona del barrio de La Costoya.

La reforma plantea una reducción del ámbito de actuación, que pasa de los 6.799 metros cuadrados originales a una superficie total de 5.997 metros cuadrados. De este modo, se desafectan tres parcelas que ya contaban con edificaciones consolidadas destinadas a vivienda habitual mucho antes de que se aprobaran las Normas Urbanísticas Municipales de 2015.

Siendo que estas viviendas ya se encontraban plenamente integradas en la trama urbana de la localidad, con sus accesos y servicios básicos completamente resueltos desde los viales existentes, carecía de sentido mantenerlas dentro de una unidad de ejecución que les exigiría participar en futuros proyectos de normalización y urbanización.

¿Cuáles son los cambios principales en el planeamiento de Ágreda?

Además de la exclusión de las tres parcelas residenciales, el nuevo estudio de detalle modifica la alineación oficial hacia la calle Arco de Añavieja. Con esta medida, el límite urbanístico se hace coincidir de manera exacta con la construcción física ya existente, regularizando así la situación de los inmuebles.

La tramitación de este expediente, que se inició formalmente el pasado 31 de marzo con la solicitud de los particulares, ha contado con todos los informes sectoriales favorables de la Diputación Provincial de Soria y del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, mientras que la Subdelegación del Gobierno y la Comisión de Patrimonio determinaron que la modificación no afectaba a sus competencias, habida cuenta de la naturaleza de la reforma.

El acuerdo definitivo se ha alcanzado con el respaldo de toda la corporación municipal.

Contra esta resolución, que tiene carácter de disposición general, los interesados disponen ahora de un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

La resolución del Bocyl, en este enlace.