Según el Consejo de Cuentas, el Ayuntamiento reduce su temporalidad laboral pero falla en los plazos

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado un nuevo informe de fiscalización sobre los procesos de estabilización de empleo temporal en las entidades locales de la Comunidad. El documento, correspondiente al departamento del sector público local, revela que el Ayuntamiento de Soria es una de las siete administraciones analizadas que ha conseguido reducir su tasa de temporalidad estructural por debajo del ocho por ciento, tal y como establece la normativa estatal.

En concreto, la capital soriana ha ofertado un total de 79 plazas dentro de estos procedimientos especiales, lo que representa un 6,8 % de las plazas gestionadas bajo el paraguas de la Ley 20/2021 en el conjunto de las entidades fiscalizadas. Este esfuerzo administrativo ha permitido encauzar la situación de decenas de trabajadores municipales, consolidando sus puestos y reduciendo la precariedad en la administración local.

Sin embargo, el examen del órgano que preside Mario Amilivia también ha sacado a la luz diversas deficiencias en la tramitación de estos expedientes. El Ayuntamiento de Soria figura entre las instituciones que no publicaron las correspondientes convocatorias en el plazo legalmente previsto, un incumplimiento que comparte con los municipios de Arija y Cacabelos, y que empaña la gestión de un proceso de gran importancia para la función pública.

En el ámbito provincial, la auditoría del Consejo de Cuentas también salpica a la localidad de Cabrejas del Pinar. Según detalla el informe, este ayuntamiento, junto a los de Tudela de Duero y Cedillo de la Torre, convocó plazas que no reunían los requisitos exigidos por la normativa para ser incluidas en los procedimientos extraordinarios de estabilización de empleo temporal.

Deficiencias comunes en la Comunidad

Más allá de los retrasos en las publicaciones de Soria, el Consejo de Cuentas ha detectado fallos generalizados en las 22 entidades locales analizadas en esta segunda fase de fiscalización. Entre las anomalías más significativas destaca que la mayoría de los ayuntamientos y diputaciones no aplicaron la reserva de cupo para personas con discapacidad, una medida de obligado cumplimiento para garantizar la inclusión.

Asimismo, el órgano fiscalizador ha advertido de que una parte importante de las administraciones locales desoyó las orientaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En este sentido, se han detectado valoraciones desproporcionadas y carentes de justificación técnica respecto a la experiencia profesional en la propia administración convocante, otorgando ventajas injustificadas frente a aspirantes de otras entidades.

Ante este escenario, el Consejo de Cuentas ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a corregir estas deficiencias de cara a futuros procesos de selección.