El juez prorroga un mes el secreto de la ‘Operación Fuentona’ y acepta a Vox como acusación popular

La investigación judicial de la ‘Operación Fuentona’ seguirá bajo secreto un mes más. La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado este miércoles prorrogar el secreto de las actuaciones durante otro mes, a contar desde hoy, y ha aceptado además la personación de VOX como acusación popular en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y en la que están investigadas siete personas.

La decisión judicial se conoce después de que, esta mañana, el alcalde de Soria, Javier Antón, haya valorado la decisión judicial de no admitir a trámite la querella presentada por Vox para investigar un posible aviso previo sobre la operación de la Guardia Civil desarrollada el pasado mes de junio en el Ayuntamiento de Soria, conocida como ‘Operación Fuentona’. El regidor ha defendido la actuación municipal y ha insistido en que el Consistorio siguió en todo momento las indicaciones recibidas de los órganos judiciales.

"El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León informó claramente en su nota de prensa cuál fue el papel del Ayuntamiento en las notificaciones que recibimos", ha señalado Antón, quien ha reiterado la disposición del Consistorio a colaborar con la Justicia. "Siempre hemos puesto el Ayuntamiento a disposición de los juzgados para que dieran todas las facilidades", ha añadido.

El alcalde ha defendido que el Consistorio "no se saltó para nada las indicaciones que nos fueron dando" y ha rechazado cualquier actuación irregular por parte de la institución municipal. En este sentido, ha atribuido la iniciativa judicial de Vox a una estrategia política. "Yo creo que detrás de todo esto está lo que hace siempre Vox, que es sacar el rédito partidista e intentar sacar alguna ventaja partidista", ha afirmado.

Antón también ha asegurado que el Ayuntamiento no había tenido conocimiento de la querella presentada por la formación política y ha apelado al paso del tiempo para esclarecer las responsabilidades. "El tiempo pone a cada uno en su sitio", ha concluido.

La decisión judicial se produce después de que Vox presentara una querella como acusación popular para investigar quién pudo haber filtrado información sobre el operativo policial antes de su ejecución. La formación señalaba al exalcalde de Soria, secretario general del PSOE de Castilla y León y procurador en las Cortes autonómicas, Carlos Martínez Mínguez, a raíz de unas declaraciones publicadas por ‘El País’ en las que, según Vox, habría manifestado que conocía el operativo antes del registro del Ayuntamiento. El periódico rectificó posteriormente esa información.

Lo que Vox pedía al juez

La querella reclamaba investigar a las personas que hubieran tenido acceso a las actuaciones y determinar si alguna de ellas había podido incurrir en un delito de revelación de secretos por autoridad o funcionario público, previsto en el artículo 417 del Código Penal. Vox planteaba también, de forma alternativa, la posible aplicación del artículo 466, relativo a la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, y, en su caso, el delito de destrucción u ocultación de pruebas.

Sin embargo, el juez entiende que no se puede abrir una investigación para buscar posibles delitos o responsables si previamente no existen indicios concretos de la existencia de tales delitos. Vox ya ha anunciado que recurrirá la decisión.

La polémica que alienta Vox sobre un posible 'chivatazo' del registro del Consistorio se enmarca en la investigación judicial abierta por la ‘Operación Fuentona’, el dispositivo de la Guardia Civil desplegado el pasado mes de junio en el Ayuntamiento de Soria. La causa investiga a la concejala Yolanda Santos y a otras seis personas por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, en relación con la adjudicación de contratos públicos a una empresa vinculada presuntamente al entorno de la edil.

Desde los registros y las detenciones, las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario.