CSIF exige a la Junta 50 millones anuales para las universidades

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su preocupación ante las líneas programáticas expuestas por el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las Cortes de Castilla y León. A juicio de la organización sindical, el nuevo responsable del área no ha despejado las dudas sobre el peso real que tendrá la educación superior en su departamento, tras haberse desgajado esta materia de la Consejería de Educación.

El sindicato considera alarmante que el consejero no haya dedicado ni una sola mención al personal docente e investigador (PDI) ni al personal técnico de gestión y administración de servicios (PTGAS) de las instituciones académicas públicas de la Comunidad. Esta ausencia de referencias ha sido calificada por la organización como un "ninguneo" hacia unos profesionales que, según destacan, sostienen con su esfuerzo diario la calidad de las titulaciones ofertadas.

Asimismo, desde CSIF tildan de "inquietante" que la única prioridad esbozada por Suárez-Quiñones sea la de acercar la universidad al tejido empresarial. El sindicato advierte que este enfoque puede derivar en una suerte de privatización del modelo público, descuidando la resolución de los graves problemas de financiación y la necesaria dignificación de las condiciones laborales de las plantillas.

En este sentido, la organización recuerda que las universidades públicas desempeñan un papel social fundamental como ascensor social y formadoras de ciudadanos críticos, por lo que no pueden ser reducidas a meros agentes de colocación para el mercado laboral, aun reconociendo la importancia de orientar las titulaciones hacia la empleabilidad.

Una inyección económica de 50 millones de euros

Para corregir la situación de infrafinanciación que arrastran las instituciones académicas de la Comunidad, algunas de las cuales sufren problemas de liquidez que las han abocado a planes de ajuste, CSIF reclama un compromiso financiero firme. En concreto, solicita a la Junta de Castilla y León un incremento de 50 millones de euros anuales en los presupuestos de los años 2026, 2027 y 2028.

Esta inyección económica resulta indispensable para alcanzar el objetivo del 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico, establecido como la base mínima para garantizar un sistema universitario público robusto y viable. Según ha manifestado el sindicato, no existe mejor fórmula para retener el talento en el territorio que ofrecer unas condiciones laborales y retributivas dignas a sus profesionales.

Estabilidad laboral y rejuvenecimiento de las plantillas

Más allá de la vertiente puramente presupuestaria, el sindicato urge al consejero a abrir un espacio de diálogo sincero para abordar de manera inmediata diversas mejoras laborales. Entre las principales reivindicaciones destaca la puesta en marcha de un plan de rejuvenecimiento de las plantillas que facilite amplias promociones internas, así como el impulso definitivo a los convenios colectivos del PDI Laboral y del PTGAS Laboral para equiparar sus salarios a la media nacional.

De igual modo, la organización sindical reclama el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) mediante la actualización de los decretos autonómicos sobre profesorado y retribuciones. A estas peticiones se suman la homogeneización de la carrera horizontal del PTGAS con la existente en la propia administración autonómica, la autorización del pago del premio de jubilación para el personal funcionario de este colectivo y la estabilización de los profesores ayudantes del Programa María Goyri sin necesidad de esperar a la extinción de sus contratos vigentes.