Los letrados alertan de la brecha judicial rural desde El Burgo

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) trasladará a la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, órgano autonómico presidido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la preocupación por la desconexión existente entre los objetivos de la Ley de Eficiencia y su aplicación práctica, así como la necesidad de avanzar en una regulación de la inteligencia artificial que garantice la protección de los derechos de los ciudadanos. Las advertencias forman parte de las conclusiones alcanzadas durante el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, celebrado en Zamora del 27 al 29 de mayo. El presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, ha presentado hoy el documento a los consejeros durante el último Pleno del año judicial, celebrado en la localidad soriana de El Burgo de Osma.

Estas conclusiones, que se elaboraron a partir de las aportaciones de los relatores de las distintas mesas de debate, serán elevadas al órgano de coordinación institucional con el objetivo de contribuir a la mejora del Servicio Público de Justicia. “La abogacía tiene mucho que aportar a la mejora del servicio público de Justicia y es fundamental que su experiencia y conocimiento sean escuchados en los procesos de reforma y modernización”, señala el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes.

Uno de los principales asuntos analizados durante el congreso fue la implantación de la Ley de Eficiencia, que ha ido entrando en vigor progresivamente a lo largo del último año. El debate puso de manifiesto la existencia de una desconexión entre la concepción institucional de la reforma y la experiencia práctica de quienes intervienen diariamente en la Administración de Justicia, que ha generado dificultades organizativas y técnicas durante su aplicación, como los retrasos provocados por la reorganización judicial o las desigualdades territoriales asociadas a determinados procesos de especialización y comarcalización. Según las conclusiones del congreso, estas circunstancias pueden afectar al acceso efectivo de los ciudadanos a la Justicia, especialmente en el ámbito rural.

La preocupación es especialmente relevante en materias como la violencia de género o la asistencia jurídica gratuita. Los letrados advierten de que la concentración territorial de determinados servicios puede alejar a algunas víctimas de los órganos judiciales especializados y dificultar la atención cercana que requieren determinados procedimientos.

Marco regulatorio

La inteligencia artificial fue otro de los grandes ejes de debate. La abogacía considera necesario avanzar en un marco regulatorio que permita aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin poner en riesgo los derechos de los ciudadanos, así como impulsar la formación continua, la supervisión humana de los resultados generados por estas herramientas y la protección de principios esenciales como la confidencialidad o la independencia profesional.

“La inteligencia artificial ya está regulada en la Unión Europea mediante el AI Act, una norma de aplicación obligatoria para todos los Estados miembros. No obstante, la UE está ajustando su implantación a través del denominado Digital Omnibus on AI, que retrasa algunas obligaciones para facilitar su cumplimiento por empresas y administraciones, al tiempo que refuerza la protección de los ciudadanos frente a riesgos como los ‘deepfakes’ no consentidos”, explica el presidente de la comisión de Formación del CACYL y decano del Colegio de Abogados de Palencia, Miguel Hermosa. En el ámbito jurídico, el Consejo General de la Abogacía Española lanzó el ‘Decálogo de principios para el uso seguro y responsable de sistemas de IA’, que incluye recomendaciones como garantizar la transparencia, la confidencialidad y la supervisión humana en el uso de estas herramientas.

Las conclusiones también recuerdan que el uso de la inteligencia artificial debe desarrollarse dentro de parámetros éticos y jurídicos claros, de forma que actúe como una herramienta de apoyo y no como un sustituto del criterio profesional del abogado.

Además de estas cuestiones, el congreso abordó otros retos que afectan al ejercicio de la profesión, como la necesidad de proteger la salud mental de los abogados o la importancia de que los despachos mantengan una atención cercana y personalizada al cliente.

Acuerdo con Portugal

El congreso también sirvió para reforzar la cooperación entre la abogacía española y portuguesa. Ambas partes, reunidas en una mesa de debate, acordaron avanzar en la creación de protocolos de actuación conjunta y bolsas de letrados que faciliten la asistencia jurídica entre España y Portugal, así como impulsar mecanismos de colaboración en ámbitos como la justicia gratuita, los accidentes de tráfico o la inteligencia artificial.