CSIF exige a la Junta aplicar la jubilación parcial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Junta de Castilla y León la reactivación urgente de la jubilación parcial para el personal laboral de la Administración General. El sindicato solicita que se resuelvan de forma inmediata los expedientes que permanecen bloqueados desde la primavera de 2025.

La organización sindical ha registrado formalmente esta petición dirigida al Gobierno autonómico y a sus organismos autónomos. El objetivo es desbloquear una situación que mantiene paralizadas las solicitudes de los empleados públicos desde el 1 de abril de 2025, tras los últimos cambios normativos a nivel estatal.

Según explican desde CSIF, la aprobación del reciente Real Decreto-ley 19/2026 por parte del Consejo de Ministros adapta la regulación de esta modalidad de jubilación a las particularidades de las administraciones públicas. Esta nueva norma estatal permite retomar el acceso a este derecho a través de fórmulas de contratación que resultan compatibles con la legislación del empleo público.

La paralización de este derecho para el personal laboral de la Junta de Castilla y León se remonta a la reforma introducida por el Real Decreto-ley 11/2024. Aquella regulación, fruto del acuerdo entre el Gobierno de España, CCOO y UGT, impuso la obligación de contratar al trabajador relevista bajo la modalidad de contrato indefinido y a jornada completa.

Desde el sindicato independiente señalan que esta medida "ignoró las particularidades del empleo público" y se tradujo, en la práctica, en la exclusión de la jubilación parcial dentro de las administraciones. Ante este escenario, CSIF promovió diversas iniciativas normativas, acudió a la vía judicial y exigió soluciones en las mesas de negociación estatales hasta lograr el actual desbloqueo normativo.

Las peticiones de CSIF a la Junta de Castilla y León

Una vez resuelto el marco legal estatal, el sindicato considera que la Junta de Castilla y León debe actuar con la "máxima diligencia" para evitar que los empleados públicos continúen afectados por una suspensión que consideran injustificada. Por ello, han planteado las siguientes exigencias concretas al Ejecutivo autonómico:

• La resolución inmediata de todas las solicitudes de jubilación parcial que se encuentran pendientes desde el 1 de abril de 2025.
• La aplicación urgente del nuevo régimen jurídico que establece el Real Decreto-ley 19/2026.
• La aprobación de unas instrucciones de gestión actualizadas que sirvan para unificar los criterios de aplicación en todas las consejerías y organismos autónomos de la Junta.
• La adopción inmediata de las medidas técnicas y administrativas necesarias para garantizar este derecho a todo el personal laboral que cumpla con los requisitos legales exigidos.