Ante la prohibición de cosecha, ASAJA aboga por reunir pruebas para la reclamación de daños

Como es sabido la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, de la Consejería de Medio Ambiente ha dictado una resolución que declara la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales entre el 28 hasta el 31 de julio incluidos.

En opinión de ASAJA Soria, la complicada situación de España en torno a los incendios y en especial el de Ávila, que ha obligado a desplazar gran cantidad de los medios operativos de extinción disponibles hasta allí, es lo que ha llevado a la administración regional a restringir por primera vez en esta campaña las operaciones de cosecha y empacado en la provincia.

En la organización agraria indican que se prohíbe en Castilla y León el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal en monte y en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de terreno forestal, incluyendo la cosecha y el empacado de forraje o cereal, en terrenos de secano, o el uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras, en las horas más desfavorables del día, comprendidas entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Esta restricción, indican, se enmarca dentro de las medidas preventivas complementarias, que la Consejería introdujo tras modificar la normativa que regula este tipo de cuestiones tras perder su litigio en el Tribunal Superior de Justicia, precisamente ante ASAJA Soria. Ahora la organización agraria está valorando su legalidad o no "para tomar las medidas oportunas". En este punto, en la agrupación indican que "está claro que la Administración impone a un colectivo concreto, el de los agricultores afectados, una carga extraordinaria destinada, presumiblemente, a proteger un interés que beneficia al conjunto de la sociedad, de tal modo que para los agricultores afectados excede la carga que razonablemente pueden soportar, para colmo en un año a pérdidas".

En ASAJA consideran cierto que, igual que el director general ha observado que se prevén temperaturas superiores a 30ºC y momentos con velocidad del viento superiores a los 30 Km/h, para las fechas señaladas, "también habrá visto que se prevén tormentas con posibilidad de pedriscos fuertes en esos días, en concreto el 29 y especialmente el 31 de julio. Por lo que será consciente del esfuerzo al que condena a algunos agricultores, al retirar la confianza en el cumplimiento de la regla 30/30 por parte de los profesionales, y la recomendación de parar en las horas centrales, cambiándola por una prohibición generalizada".

En la organización señalan que, además, debido a las condiciones meteorológicas de las madrugadas se vienen produciendo “aguadas” que llevan a que la prohibición sea en la práctica total, pues "hace imposible aprovechar las primeras horas del día para efectuar las operaciones de cosecha".

Por estos motivos, ASAJA Soria anima a los agricultores que habían previsto cosechar desde hoy en adelante a reunir pruebas con el fin de que, si se da el caso, "reclamar patrimonialmente a la Administración por el daño real recibido en cumplimiento de la prohibición, tales como: imágenes de las parcelas geoposicionadas, antes y después del daño, especialmente si no se tiene Agroseguro, documentos de manutención o alojamiento de la prestadora del servicio de cosecha, testigos, declaraciones ante la autoridad o Guardia Civil de que se estaba en previsión inminente o ya en marcha de recolección y no se puede efectuar".

Aunque uno de los principios fundamentales de una reclamación patrimonial a la Administración es que el daño sea individual, ASAJA Soria apoyará y promoverá una actuación colectiva para la canalización de las demandas.

Del mismo modo, la entidad manifiesta, "de manera indubitable" que la situación que genera la prohibición de cosechado "rompe de un tajo el principio de igualdad ante las cargas públicas que debe regir el Gobierno, al hacer soportar un perjuicio singular a nuestro colectivo en aras del presunto beneficio del interés general".

ASAJA Soria recuerda por último que este tipo de resoluciones puede "invalidar y dejar sin efecto" los posibles seguros de responsabilidad civil de los agricultores.