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Castilla y León necesita 215 millones de vacunas anuales contra el Newcastle

Castilla y León necesita 215 millones de vacunas anuales contra el Newcastle

Actualizado 05/08/2026 12:19

La Junta de Castilla y León coordina con los laboratorios el suministro de 215 millones de dosis anuales de la vacuna contra la enfermedad de Newcastle. La vacunación obligatoria se inicia este mes en Valladolid y Segovia, y se extenderá al resto de la Comunidad en septiembre.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha reforzado la coordinación con los laboratorios fabricantes de vacunas frente a la enfermedad de Newcastle. El objetivo es asegurar un suministro estable y proteger las explotaciones avícolas de Castilla y León ante la campaña de inmunización que comienza de forma inminente.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, acompañado por el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, ha mantenido una reunión con responsables de varios laboratorios cuyas plantas de producción están ubicadas en la Comunidad. En el encuentro se han analizado las existencias disponibles, la capacidad de fabricación y las previsiones de abastecimiento para lo que resta de 2026 y todo el año 2027.

Castilla y León cuenta con uno de los sectores avícolas más importantes del país, una actividad estratégica para la producción de carne y huevos, la generación de empleo y el mantenimiento de la economía en numerosas zonas rurales. Por ello, la Junta considera esencial reforzar las medidas de prevención y control sanitario para garantizar la continuidad de las explotaciones.

Calendario de vacunación y prioridades de reparto

La vacunación obligatoria ha comenzado este mes de agosto en las provincias de Valladolid y Segovia, y está previsto que se extienda a partir de septiembre al resto de Castilla y León. Ante este escenario, la Consejería estima que las necesidades de vacunación en la Comunidad se sitúan en torno a los 215 millones de dosis anuales.

Durante la reunión, los representantes de los laboratorios han trasladado que esta demanda podrá atenderse mediante el aumento del ritmo de fabricación y el suministro que ya se está realizando. Asimismo, han mostrado su disposición a mantener una coordinación permanente para anticipar las necesidades derivadas de la evolución epidemiológica y evitar tensiones en el abastecimiento.

El consejero ha solicitado formalmente a los laboratorios que se priorice el envío de dosis a aquellas zonas donde se hayan detectado focos de la enfermedad, para atender posteriormente las necesidades del resto del territorio autonómico y nacional. «Las vacunas tienen que llegar a tiempo y, en primer lugar, allí donde existen focos. Cada día cuenta para contener la enfermedad, evitar su propagación y proteger las explotaciones», ha afirmado Pino.

Bioseguridad y repoblación de las granjas

La administración autonómica insiste en que la vacunación es una herramienta esencial para proteger las granjas y facilitar la recuperación de la actividad en las instalaciones afectadas. De hecho, la inmunización será un requisito obligatorio para autorizar la repoblación de las naves una vez que se haya superado la enfermedad.

Además de la vacuna, la Consejería ha recordado la importancia de extremar las medidas de bioseguridad, tanto en las instalaciones como en los procedimientos diarios de trabajo. Entre las pautas decisivas para reducir el riesgo de transmisión se encuentran:

  • El control riguroso de los accesos a las explotaciones.
  • Las labores constantes de limpieza y desinfección.
  • El cumplimiento estricto de los protocolos por parte del personal.

Petición de un mando único nacional

Por otro lado, Joaquín Antonio Pino ha reiterado la necesidad de establecer un mando único en sanidad animal a nivel nacional. Esta propuesta busca ofrecer una respuesta homogénea, coordinada y eficaz ante la aparición de enfermedades ganaderas que afecten simultáneamente a varias comunidades autónomas.

El consejero defiende una dirección funcional compartida entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las autonomías, basada en criterios y protocolos comunes que eviten diferencias de criterio entre administraciones. «La sanidad animal necesita una dirección clara, protocolos comunes y capacidad para actuar con rapidez», ha concluido.

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