El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León para exigir a la Junta un plan urgente que acabe con la brecha salarial de hasta 14.000 euros anuales que sufren los profesionales del Sacyl. La iniciativa reclama la apertura inmediata de una mesa de negociación y la creación de incentivos para plazas de difícil cobertura.
La portavoz socialista de Sanidad, Virginia Jiménez, ha anunciado el registro de una Proposición No de Ley (PNL) con la que se insta al Gobierno autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco a solucionar el déficit retributivo que arrastra el personal del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl). Según denuncia el PSOE, los profesionales de la Comunidad perciben hasta 14.000 euros menos al año en comparación con sus homólogos de los territorios mejor remunerados.
Jiménez ha advertido de que esta situación dificulta la captación de nuevos profesionales y fomenta su marcha a otras regiones. Desde el PSOE señalan que ejercer la sanidad en Castilla y León conlleva un esfuerzo añadido debido a factores estructurales como la dispersión geográfica, el elevado índice de envejecimiento de la población y la alta tasa de cronicidad.
“La Junta no puede limitarse a decir que faltan profesionales sanitarios mientras Castilla y León compite en peores condiciones que otros territorios”, ha manifestado la portavoz de Sanidad, quien ha insistido en que "pagar peor tiene consecuencias" directas sobre la calidad del sistema público de salud.
Para revertir esta tendencia, la propuesta socialista exige a la administración autonómica la apertura "inmediata" de una mesa específica de negociación salarial. El objetivo de este órgano debe ser el diseño de un plan de equiparación dotado con un presupuesto suficiente y metas concretas para reducir la brecha existente.
Entre las medidas planteadas por el PSOE destaca la revisión al alza de diversos conceptos retributivos, tales como:
Asimismo, la iniciativa parlamentaria incide en la necesidad de establecer incentivos económicos y profesionales destinados a las plazas de difícil cobertura. Estos estímulos estarían orientados a atraer y retener talento en áreas críticas del sistema, especialmente en la Atención Primaria, los hospitales comarcales, las zonas rurales, los servicios de urgencias y emergencias, así como en aquellas especialidades médicas que actualmente presentan un mayor déficit de personal.
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