La Junta de Castilla y León ha anunciado que no asistirá a la reunión sectorial del 13 de agosto en protesta por el traslado de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta. El Ejecutivo autonómico exige su retorno a Marruecos y avisa de que impugnará judicialmente cada expediente individual.
El Gobierno de Castilla y León planta al Ministerio de Juventud e Infancia y no asistirá a la Comisión Sectorial del próximo 13 de agosto. El Ejecutivo autonómico rechaza el traslado de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta y anuncia que recurrirá judicialmente cada expediente que no concluya con su devolución a Marruecos.
La decisión ha sido comunicada por carta por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed Rego. En la misiva, la Junta de Castilla y León confirma su ausencia en la reunión ordinaria de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se prevé abordar el reparto de los menores llegados a Ceuta, incluidos los de los días 30 y 31 de julio de 2026.
Desde la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales defienden que esta postura responde al "estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional" y al principio del interés superior del menor, el cual, según argumentan, prioriza la reunificación familiar y el retorno a su país de origen.
En la reunión del próximo 13 de agosto también se prevé elevar a la Conferencia Sectorial la aprobación de un acuerdo para distribuir a Ceuta un crédito de 25 millones de euros destinado a financiar la atención de estos menores migrantes durante 2026. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha dejado claro que no aceptará ningún traslado mientras no se acredite la resolución firme de los procedimientos individualizados de cada menor.
La Junta de Castilla y León sostiene que el Gobierno de España no ha ejercido correctamente su competencia exclusiva para resolver los expedientes individualizados de retorno y reunificación familiar. Por ello, el escrito de Pollán señala que "carece de fundamento trasladar a los menores a otra comunidad autónomaa para que esta asuma las consecuencias de una competencia estatal aún no ejercida o no concluida".
El Ejecutivo autonómico recuerda que todos los menores extranjeros que se encuentran en Ceuta accedieron a territorio nacional de manera ilegal cruzando la frontera con el Reino de Marruecos. En este sentido, la Junta defiende que "todos esos menores deben ser retornados a Marruecos", ya sea mediante la reunificación con sus familias o a través de la entrega a la autoridad tutelar marroquí.
Asimismo, el Gobierno regional recuerda que el Consejo y el Parlamento Europeo consideran a Marruecos como un "país seguro a todos los efectos" y que el país vecino ha manifestado públicamente su interés en la devolución de sus ciudadanos extranjeros, incluidos los menores de edad. Por tanto, la Junta insiste en que la decisión sobre su permanencia en España corresponde en exclusiva al Estado, según el procedimiento de la Ley Orgánica 4/2000.
Ante esta situación, el Gobierno de Castilla y León ha planteado dos exigencias formales al Ministerio de Juventud e Infancia:
Finalmente, el vicepresidente primero ha advertido de que la Junta de Castilla y León impugnará judicialmente todos y cada uno de los expedientes individuales de traslado que no finalicen con el retorno de los menores a Marruecos, al considerar que es la única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor.
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