La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) denuncia la asfixia económica del sector debido a las prohibiciones de espectáculos en Castilla y León durante el verano. La patronal reclama una mesa de diálogo y destaca que los fuegos artificiales apenas representan el 0,016% de la superficie forestal quemada en la comunidad.
El sector de la pirotecnia se encuentra en una situación de extrema gravedad debido a lo que consideran una oleada "indiscriminada e injustificada" de suspensiones de espectáculos durante los meses de julio y agosto. Según denuncia la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO), estas prohibiciones, aplicadas por administraciones autonómicas y locales en comunidades como Castilla y León, amenazan con el desmantelamiento de una industria tradicional que concentra el 80% de su facturación anual en el periodo estival.
La patronal califica la situación de "asfixia económica y social" y critica que las restricciones se impongan basándose en un riesgo "inexistente o ínfimo". Además, lamentan que las administraciones no contemplen ningún tipo de ayuda, plan de contingencia o compensación financiera para las empresas afectadas, lo que aboca a la quiebra a un sector que genera miles de empleos.
Desde AEPIRO defienden que la actividad pirotécnica es segura y está estrictamente regulada bajo normativas europeas y estatales. Los espectáculos profesionales cuentan con planes de seguridad específicos, medidas de prevención y la presencia de equipos de extinción de incendios en la zona de disparo, por lo que rechazan que se trate como una actividad "improvisada o temeraria".
La asociación denuncia que se está trasladando a la opinión pública la idea de que los fuegos artificiales son una causa relevante de los fuegos en el monte. Sin embargo, los datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) reflejan una realidad muy distinta. Entre los años 2015 y 2023, la pirotecnia solo fue responsable del 0,049 % de la superficie forestal quemada en toda España.
Esta proporción mínima se repite al analizar los datos de las comunidades autónomas afectadas por las restricciones:
Frente a estas cifras, la intencionalidad y los rayos concentran de forma conjunta más de dos tercios del total de la superficie quemada en el país, seguidos de causas cotidianas como colillas, vehículos, líneas eléctricas o la quema de restos de poda.
Otro de los puntos críticos señalados por la patronal es el uso 'fraudulento' de la legislación de prevención de incendios y de la Ley de Montes para prohibir espectáculos en suelo urbano consolidado. AEPIRO recuerda que el artículo 5 de la citada ley excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los cascos históricos, plazas y recintos feriales, que es donde se dispara la inmensa mayoría de los fuegos artificiales.
Asimismo, critican que en regiones como Andalucía el veto se aplique de manera genérica durante meses, ignorando el Índice de Riesgo de Incendios Forestales que publica diariamente la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Según la asociación, esta herramienta debería servir para modular las restricciones según las condiciones meteorológicas reales de cada jornada, en lugar de convertirse en una "prohibición de calendario".
Ante esta situación, el sector exige la convocatoria urgente de una Mesa de Diálogo con las Direcciones Generales de Emergencias de las comunidades autónomas afectadas. El objetivo es establecer criterios de seguridad industrial y delimitación competencial estrictos que eviten la cancelación masiva de eventos.
"Queremos detener una campaña de acoso que destruye un patrimonio cultural, tradicional e industrial estratégico de la España rural", concluyen desde la asociación, que agrupa a fabricantes, talleres de preparación, organizadores de espectáculos, importadores y comercios del sector en España.
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