El PP recurrirá en los tribunales la Zona de Bajas Emisiones

El debate sobre la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Soria se traslada a los tribunales. Tras la celebración de la comisión informativa de desarrollo sostenible, el proyecto municipal afronta una fuerte oposición política que amenaza con judicializar su puesta en marcha definitiva en la capital.

El equipo de gobierno defiende la medida como una decisión estratégica para la ciudad, vinculada a la captación de importantes fondos europeos. Sin embargo, los grupos de la oposición consideran que la regulación carece de justificación real y perjudicará gravemente la actividad económica local.

La tramitación de la ordenanza continúa su curso administrativo hacia el Pleno municipal, mientras se definen las posturas de las distintas formaciones ante un cambio de calado en la movilidad urbana de la capital soriana.

Postura de los populares

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha anunciado que su grupo municipal va a acudir a los tribunales del contencioso-administrativo para recurrir la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad. Esta decisión se ha comunicado después de que se haya celebrado la comisión de desarrollo sostenible en el consistorio, donde se han desestimado las alegaciones presentadas por su formación política contra el proyecto municipal.

Izquierdo ha lamentado el rechazo a estas peticiones, y ha destacado que entre ellas "se encontraba la opinión de 3000 sorianos que manifestaron su firme posición a la misma mediante su firma". Ante esta situación, la portavoz ha asegurado que el grupo municipal popular ha decidido dar este paso judicial "por compromiso y por convicción".

El principal argumento que ha esgrimido la formación para oponerse a la medida ha sido que la Zona de Bajas Emisiones no debe aplicarse "al no ser obligatoria ni necesaria en Soria". En este sentido, Belén Izquierdo ha criticado los motivos económicos que han impulsado el proyecto, y ha afirmado de manera tajante que "no puede ser que una subvención condicione la vida de los sorianos".

Críticas de Vox al expediente municipal

Por su parte, los concejales de Vox han trasladado sus consideraciones a la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible y califican la documentación aportada para la misma como "un maquillaje jurídico para imponer una ZBE que no quiere nadie". Afirman que las respuestas dadas a las alegaciones siguen sin aportar razones que justifiquen de forma eficaz la necesidad, proporcionalidad e impacto de la ordenanza.

La edil Sara López ha insistido en que el expediente reconoce que Soria no presenta los problemas de contaminación de otras ciudades españolas: "el propio Proyecto Técnico de la ZBE admite que en Soria los niveles de la mayoría de contaminantes se encuentran habitualmente por debajo de los límites legales y no explica qué reducción concreta se espera conseguir con las restricciones, ni por qué son necesarias 13 horas diarias de limitación al tráfico".

Otro de los puntos que subrayan los ediles de Vox es la insuficiencia del estudio de impacto económico y social, especialmente sobre los trabajadores, autónomos y comerciantes que se desplazan desde la provincia. Asimismo, la formación ha denunciado que el sistema de control mediante cámaras de lectura automatizada de matrículas (ANPR) queda sin definir en materia de protección de datos, por lo que solicitan posponer la aprobación definitiva.

Dictamen de las alegaciones

Frente a estas posturas, la Comisión de Servicios Locales del Ayuntamiento de Soria ha dictaminado hoy las alegaciones a la ordenanza, avanzando en la tramitación de un texto que mantiene como principio fundamental una regulación flexible y adaptada a la realidad de Soria. En total se han recibido 135 alegaciones, de las cuales los servicios técnicos han analizado 15 planteamientos diferentes al tratarse en su mayoría de escritos que reproducían un mismo modelo.

El proceso de participación y alegaciones ha permitido incorporar mejoras concretas al texto definitivo:

• Inclusión expresa de los aparcamientos de acceso libre sin limitación dentro de la ZBE: Doctrina, Olivo y Mariano Granados-Espolón.
• Posibilidad de realizar todas las gestiones vinculadas a la ZBE de forma presencial y telemática para evitar la brecha digital.
• Incorporación de objetivos anuales y un calendario para la implantación de nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos.
• Estimación parcial de las alegaciones relativas a las actividades de transporte de fondos y seguridad privada en situaciones de emergencia.

La implantación de la ZBE, según el Ayuntamiento

Aunque Soria no está legalmente obligada por población a implantar una Zona de Bajas Emisiones, el Ayuntamiento plantea esta herramienta como una decisión estratégica para preservar la calidad del aire y avanzar hacia modos de desplazamiento más sostenibles. Además, el proyecto está directamente vinculado a la llegada de 5,2 millones de euros en inversiones de fondos europeos.

Estas inversiones ya se traducen en mejoras concretas para la ciudad, como la pacificación del entorno de la avenida de Navarra, la creación del aparcamiento de Doctrina y la ampliación de la red de carriles bici. Los informes técnicos han rechazado la exención general por empadronamiento por ser incompatible con el principio constitucional de igualdad, aunque se contemplan exenciones para residentes, actividades económicas y servicios esenciales.

Tras el dictamen de la comisión, la ordenanza continuará ahora su tramitación con su paso por el Pleno municipal y la correspondiente fase de información pública durante dos meses tras su publicación oficial.