El Gobierno regional reclama un modelo de reparto de fondos justo y solidario que cubra el coste real de la sanidad y la educación. El consejero de Economía defiende una negociación multilateral ante el déficit acumulado en la Comunidad. La Junta rechaza la propuesta del Ministerio de Hacienda y ve una oportunidad en el aplazamiento del Consejo de Política Fiscal al 4 de septiembre.
Hoy viernes, 28 de agosto, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido durante su participación en el II Encuentro sobre Políticas Sanitarias y Estado de las Autonomías, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, la necesidad de abrir una negociación multilateral para reformar un sistema de financiación autonómica que considera caducado e insuficiente para responder al coste real de los servicios públicos.
Así lo ha puesto de manifiesto durante la mesa de debate ‘Crisis de Financiación: la brecha insostenible’, en la que también han participado el consejero de Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla y La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina.
El consejero ha analizado en su intervención que el actual Sistema de Financiación está caducado desde hace más de 11 años y que su reforma es un asunto de vital importancia para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, cuyo coste efectivo se ha incrementado año tras año.
Según el Consejo de Cuentas de Castilla y León, entre 2009 y 2021, el gasto social a aumentado en la Comunidad un 19 %, mientras que la financiación líquida recibida del SFA ha subido solo un 2 %. Esta situación ha causado un déficit acumulado en la financiación de los servicios esenciales que asciende a 8.298 millones de euros hasta 2023.
Asimismo, ha manifestado que el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda es consecuencia de las exigencias de un partido independentista aceptadas por el presidente del Gobierno que pone en riesgo la sanidad, la educación y atención a las personas mayores de Castilla y León.
Además, limita la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y restringe la solidaridad interterritorial en funció del principio de ordinalidad no previsto en la CE, otorgando mayores recursos a las comunidades con mayor capacidad fiscal e infrafinanciando a las que cuentan con retos demográficos y menor capacidad tributaria, vulnerando el principio de igualdad entre todos los españoles.
Fernández Carriedo ha insistido en que el Ministerio de Hacienda no ha aceptado ni una sola de las propuestas remitidas en enero de 2022, para que la población ajustada refleje el coste real de prestación de los servicios que permitiría subsanar la actual infrafinanciación de la Comunidad.
Por otra parte, ha considerado que el aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera al 4 de septiembre, retrasado por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de julio, representa una oportunidad para que el Gobierno central recapacite y retire la propuesta del Modelo de Financiación Autonómica presentada el pasado mes de febrero y rechazada por la mayoría de las comunidades autónomas.
Fernández Carriedo ha instado al Gobierno nacional a renunciar a una propuesta que resulta perjudicial para España y para el conjunto de los territorios, y ha pedido escuchar a las autonomías e iniciar un proceso negociador conjunto desde cero abandonando las negociaciones bilaterales.
El consejero ha concluido que Castilla y León está infrafinanciada para prestar servicios de calidad, por la insuficiente atención del actual Sistema de Financiación Autonómica a las circunstancias territoriales y demográficas de Castilla y León, que son la extensión territorial, la dispersión, la baja densidad y la elevada esperanza de vida de los castellanos y leoneses.
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