IU propone un impuesto al consumo de agua y luz de los centros de datos

Izquierda Unida de Castilla y León (IUCyL) presentará alegaciones contra el proyecto de centro de datos proyectado en Torrelobatón, en la provincia de Valladolid. La formación exige a la Junta una moratoria para estas instalaciones y la creación de un impuesto específico que grave su elevado consumo de agua y energía.

La formación política ha anunciado estas medidas ante lo que consideran una falta de planificación de la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP y Vox. El coordinador de IUCyL, Juan Gascón, ha criticado que este tipo de infraestructuras repiten un esquema que consiste en un "gran consumo energético e hídrico" junto a una "escasa creación de puestos de trabajo estables y nula planificación territorial".

Respecto al proyecto de Torrelobatón, la organización argumenta que esta infraestructura da continuidad a la lógica de "exprimir el mundo rural para dar servicio a zonas urbanas e industrializadas", sin que se traduzca en contrapartidas reales para los habitantes de la comarca vallisoletana.

Izquierda Unida propone una moratoria inmediata y exige a la Junta de Castilla y León una planificación general antes de conceder cualquier licencia. La formación reclama un plan de necesidades reales que evalúe la capacidad de estas instalaciones en función de la población, el territorio y los recursos disponibles. Según detallan, no se deben autorizar proyectos sin este análisis social, ambiental y político previo.

Asimismo, IU exige que el Gobierno autonómico convoque un proceso de diálogo con colectivos sociales, ecologistas, sindicales y grupos políticos para explicar con claridad a la ciudadanía las repercusiones ambientales, paisajísticas y socioeconómicas de proyectos como el de Torrelobatón.

Un impuesto específico

La propuesta de la formación incluye la creación de un impuesto específico sobre el impacto energético e hídrico de los centros de datos. Este gravamen autonómico busca tasar el consumo de electricidad y agua asociado a estas instalaciones, de manera que las grandes empresas tecnológicas contribuyan a compensar el impacto sobre el territorio y a financiar servicios públicos en las zonas rurales afectadas.

Para la organización, "no resulta aceptable" que los municipios asuman los costes ambientales y el consumo de recursos mientras los beneficios económicos y fiscales no revierten de forma suficiente en el territorio. Por ello, reclaman que cualquier autorización incluya cláusulas vinculantes de retorno con compromisos concretos de empleo local, formación, inversión en servicios públicos y protección del medio ambiente.

"Castilla y León no puede ser el vertedero energético de otras comunidades ni el patio trasero de las multinacionales", ha concluido Juan Gascón, quien ha defendido que los recursos naturales deben estar al servicio del bien común. La presentación de estas alegaciones forma parte de una campaña impulsada por diversos colectivos sociales y políticos para visibilizar lo que denominan el "expolio silencioso" de los recursos rurales.