La contratación de la Junta de Castilla y León alcanzó en 2024 su máximo histórico con 1.487 millones de euros, un 12% más que el año anterior. El Consejo de Cuentas detecta diversas incidencias en la tramitación, ejecución y control de los expedientes analizados.
El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, presidido por Mario Amilivia, ha aprobado el informe de fiscalización que revela que la contratación administrativa de la Junta alcanzó en 2024 su máximo histórico. En total, la Administración autonómica adjudicó contratos por un importe conjunto de 1.487 millones de euros, lo que representa un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior.
Este volumen económico supera en un millón de euros la anterior cota de la serie histórica, registrada en el año 2006 antes del inicio de la crisis financiera internacional. El documento aprobado analiza la gestión contractual de la Administración General e Institucional de la Comunidad durante el ejercicio 2024, excluyendo la contratación menor.
A pesar de que el importe global creció notablemente, el número de expedientes formalizados se situó en 2.922 contratos, una cifra que es un 5% inferior a la registrada en 2023. De forma paralela, aunque fuera del objeto de esta fiscalización, el Consejo de Cuentas contabilizó 21.474 anotaciones de contratos menores y aprobaciones de gasto por un valor de 102 millones de euros.
El análisis detallado por departamentos sitúa a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) como la entidad con mayor actividad contractual de la Comunidad. Este organismo gestionó 1.055 contratos por un importe global de 892 millones de euros, lo que supone más de la mitad del presupuesto total adjudicado por la Junta.
La segunda entidad con mayor peso económico fue la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que formalizó 125 expedientes por un valor de 138 millones de euros. Por tipología de contrato, la distribución del gasto se organizó de la siguiente manera:
En cuanto a las modalidades de adjudicación, el procedimiento abierto fue el mayoritario, con 984 millones de euros, mientras que la tramitación ordinaria canalizó 1.400 millones de euros del total.
El Consejo de Cuentas concluye en su informe que la Junta cumple "razonablemente" con la legalidad en materia de publicidad, transparencia y remisión de información, aunque introduce diversas salvedades tras analizar una muestra de 150 expedientes. De ellos, 100 se examinaron para evaluar la formalización y 50 para comprobar la ejecución.
Entre las deficiencias detectadas en la fase preparatoria y de licitación, el órgano fiscalizador destaca que en 15 contratos no se publicaron los informes técnicos de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor. Asimismo, en 29 contratos se identificó una incorrecta determinación de los parámetros para detectar ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas.
El informe también advierte de la falta de justificación en siete de los 14 expedientes tramitados por la vía de urgencia dentro de la muestra, así como de deficiencias en la acreditación de la solvencia en nueve contratos. Además, en la fase de adjudicación, se detectaron indicios de una posible actividad concertada entre tres empresas en un contrato para evitar la competencia.
La fase de ejecución de los contratos concentra una parte importante de las observaciones del Consejo de Cuentas. En 56 expedientes que incluían condiciones especiales de carácter social, ético o medioambiental, el órgano constató que no se establecieron mecanismos de comprobación o no quedó constancia de las verificaciones.
El documento también detalla las siguientes incidencias durante el desarrollo de las prestaciones:
Ante este escenario, el Consejo de Cuentas ha emitido un total de 14 recomendaciones dirigidas a la Administración autonómica con el objetivo de subsanar estas deficiencias y mejorar la eficiencia y el control en los futuros procedimientos de contratación pública.
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