La Junta frena las nuevas ratios educativas por falta de financiación estatal

La Consejería autonómica se opone a propuestas estatales durante la Conferencia Sectorial. La consejera María Pardo exige garantías financieras con seguridad jurídica al Gobierno central, mientras la comunidad recibe fondos para Formación Profesional.

La representante de la Consejería de Educación ha manifestado su disconformidad con las directrices planteadas por el Ministerio, argumentando una notable falta de planificación y de dotación presupuestaria para acometer las reformas propuestas en las aulas de la comunidad autónoma.

La representación de la Junta ha centrado su intervención en mostrar su rechazo tanto al nuevo Plan Estratégico de Educación Inclusiva como a la modificación de los reales decretos que regulan los requisitos mínimos de los centros. Asimismo, la cita ha servido para abordar el reparto territorial de fondos destinados a diversos programas de cooperación, entre los que destaca la Formación Profesional.

La Junta de Castilla y León ha insistido en que las decisiones que afectan a la organización y financiación del sistema educativo deben adoptarse con la participación efectiva de las comunidades autónomas. Desde el Ejecutivo autonómico se reclama planificación, financiación y seguridad jurídica para poder abordar cualquier tipo de reforma educativa con garantías.

Al inicio de la sesión, la delegación autonómica también ha querido trasladar su preocupación por el comienzo del curso escolar en Ceuta. En este sentido, se ha reclamado al Ministerio de Educación garantías suficientes de seguridad y protocolos claros para proteger tanto al alumnado como a los profesionales de los centros educativos ante posibles situaciones de riesgo.

La defensa de la Educación Especial

El departamento que dirige Pardo ha mostrado su firme oposición al Plan Estratégico de Educación Inclusiva estatal. Desde la Junta se sostiene que el modelo propuesto por el Gobierno central puede limitar la libertad de las familias para elegir la modalidad de escolarización de sus hijos. La consejera ha defendido la coexistencia y compatibilidad de la educación ordinaria con los centros de Educación Especial, cuya labor altamente especializada considera imprescindible preservar.

La Junta considera que la inclusión debe garantizar a cada alumno el entorno educativo, los profesionales y los apoyos que mejor respondan a sus necesidades. Por ello, rechaza un modelo que priorice una única modalidad de escolarización y exige que cualquier transformación cuente con el adecuado soporte económico por parte de la Administración del Estado, respetando plenamente las competencias autonómicas.

El impacto económico de las nuevas ratios

Asimismo, la delegación autonómica ha votado en contra de la reforma de las ratios de alumnado. La Junta ha lamentado que esta medida se plantee de forma unilateral, sin un diálogo previo con las comunidades, que son las encargadas de asumir el coste y la reorganización de las plantillas. Según los cálculos de la Consejería, aplicar las nuevas ratios en el primer ciclo de Educación Infantil exigiría casi triplicar los recursos financieros actuales de la comunidad.

A las objeciones económicas se suman las de carácter jurídico formuladas por la Consejería. Castilla y León ha advertido que parte del desarrollo reglamentario propuesto se sustenta en modificaciones legislativas que todavía no están en vigor, por lo que ha solicitado aplazar su tramitación hasta que exista el marco legal correspondiente.

En el ámbito de la Formación Profesional, la Conferencia Sectorial ha ratificado el reparto de fondos del Programa de Cooperación Territorial de Impulso y Calidad de la FP. A la comunidad le corresponden un total de 1.305.149,69 euros en las líneas ya cuantificadas, que se distribuirán en 796.766,58 euros para los Campeonatos Skills, 108.383,11 euros para la movilidad de alumnos y 400.000 euros para proyectos de Formación Profesional.