La Junta insiste en que los propietarios del Palacio de los Hurtado en Almazán están obligados a su conservación

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, mantiene un seguimiento activo de la situación del Palacio de los Hurtado de Mendoza en Almazán, Soria, declarado Bien de Interés Cultural, con el objetivo de garantizar su adecuada protección y conservación tras el derrumbe sufrido el pasado 1 de septiembre que afectó a cinco de los once arcos de la galería porticada de la fachada norte, además de forjados y parte del artesonado.

En este contexto, el director general de Patrimonio Cultural, José Ramón Sola, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Almazán, Jesús María Cedazo, en la que también han participado representantes municipales y de la Administración autonómica, para abordar la situación actual del inmueble y las actuaciones administrativas vinculadas a su conservación.

Durante el encuentro, la Junta ha trasladado la necesidad de continuar avanzando sobre las actuaciones concretas previstas ya autorizadas y sobre los expedientes y obligaciones que afectan al inmueble, de acuerdo con la normativa vigente. En este sentido, la Consejería recuerda que "el deber de conservación de los bienes integrantes del patrimonio cultural corresponde a sus propietarios, con independencia de la estructura o configuración de la titularidad del inmueble".

Fuentes del Ejecutivo han avanzado que la Junta continuará ejerciendo las competencias que le atribuye la legislación en materia de patrimonio cultural, "realizando el seguimiento de las actuaciones y utilizando, en caso de que resulte necesario, los instrumentos previstos legalmente para garantizar la protección y conservación del BIC".

Asimismo, durante la reunión se abordó la necesidad de mantener una adecuada coordinación entre las distintas administraciones con competencias o responsabilidades relacionadas con el inmueble, de manera que las actuaciones que se desarrollen respondan a criterios técnicos, administrativos y patrimoniales, y permitan avanzar en la protección efectiva del palacio.

Por último, la Junta de Castilla y León ha querido reiterar su compromiso con la conservación del patrimonio cultural de la Comunidad, "y con el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, desde la colaboración institucional y el cumplimiento de las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico".