La reforma de la dependencia refuerza la teleasistencia y la ayuda a domicilio en Soria

La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, aprobada de forma definitiva por el Congreso de los Diputados tras su paso por el Senado, introduce cambios significativos para la provincia de Soria. El texto, que se encuentra en el último paso previo a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca reforzar servicios clave como la ayuda a domicilio y la teleasistencia, facilitando que las personas dependientes continúen en su entorno habitual con mayores apoyos.

En la provincia de Soria, estos recursos cuentan con una notable implantación. Según los últimos datos de la Diputación de Soria, el Servicio de Ayuda a Domicilio atendía a 932 titulares a fecha de 1 de diciembre de 2025 en los municipios de la provincia, excluyendo la capital. Por su parte, la teleasistencia daba cobertura a 1.295 personas a finales de octubre de ese mismo año. Este servicio provincial de ayuda a domicilio contó con un presupuesto de 5,8 millones de euros en el último ejercicio.

A estas cifras se suman los usuarios de Soria capital. Durante 2025, los datos municipales del Ayuntamiento de Soria atendieron a 548 personas a través de la ayuda a domicilio y a 1.300 usuarios mediante teleasistencia. De cara a 2026, la administración local prevé incrementar la partida destinada a la ayuda a domicilio hasta alcanzar los 2,8 millones de euros.

Más facilidades para permanecer en el hogar

Una de las principales novedades de la reforma es la ampliación de la ayuda a domicilio. Hasta el momento, esta prestación estaba estrictamente vinculada al interior de la vivienda, pero con la nueva regulación se extiende a acompañamientos para actividades básicas de la vida diaria, tales como acudir a consultas médicas o realizar la compra.

Asimismo, se elimina el régimen general de incompatibilidades entre las distintas prestaciones. A través del Programa Individual de Atención (PIA), los usuarios podrán combinar diferentes recursos según sus necesidades particulares. De este modo, una persona que resida en su domicilio podrá compatibilizar la asistencia a un centro de día con los cuidados familiares o el servicio de teleasistencia.

La teleasistencia se configura ahora como un derecho subjetivo para todas las personas que tengan reconocida la situación de dependencia, actuando de forma complementaria a otros apoyos. La normativa también potencia su carácter preventivo mediante la incorporación de tecnologías que optimicen el seguimiento de los usuarios.

En cuanto a la figura del cuidador, la ley amplía su definición para reconocer tanto al cuidador principal como a los no profesionales del entorno relacional. La Administración General del Estado asumirá las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores principales y garantizará la continuidad de la atención en casos de hospitalización o enfermedad grave.

Reducción de plazos y novedades en discapacidad

La tramitación administrativa experimenta una agilización notable, ya que el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia se reduce a la mitad, pasando de seis a tres meses. Además, la asistencia personal se consolida definitivamente como un servicio ordinario dentro del catálogo oficial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En el ámbito de la discapacidad, la reforma introduce las siguientes medidas:

• Reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad para las personas con grado I de dependencia.
• Reconocimiento de un 65 % de discapacidad para quienes tengan un grado II o III.
• Establecimiento de la accesibilidad universal y la atención temprana para menores de cero a seis años como derechos subjetivos.

Financiación estatal y reparto de fondos

La nueva legislación establece la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta medida complementa el incremento de fondos estatales aprobado el pasado mes de junio, que contempla una aportación extraordinaria de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.

En el marco de este reparto, Castilla y León recibe en 2026 un total de 95.799.324 euros procedentes del Estado a través del denominado nivel acordado de dependencia. Esta cuantía representa el 10,59 % de los 904,2 millones de euros distribuidos a nivel nacional por este concepto, y se suma a la financiación estatal correspondiente al nivel mínimo asignado por cada persona dependiente registrada.