Abre el proceso de licitación por un importe de 78.125 euros. Las empresas interesadas tienen hasta el 9 de octubre para presentar sus ofertas de forma electrónica.
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el proceso administrativo para adjudicar el servicio de coordinación en materia de seguridad y salud de las actuaciones que se acometan en las carreteras de titularidad regional de la provincia. El órgano de contratación responsable de este procedimiento es el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria, dependiente de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.
El presupuesto base de licitación se ha fijado en un importe total de 78.125,72 euros, impuestos incluidos, siendo el valor estimado del contrato de 64.566,71 euros, excluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido. Este contrato de servicios, que cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses, no dispone de financiación procedente de fondos de la Unión Europea, según consta en la documentación oficial del expediente A2027/000122.
La previsión de la administración es que las tareas de coordinación comiencen a partir del primero de enero de 2027, o bien al día siguiente de la formalización del documento contractual en el caso de que esta firma se demore más allá de dicha fecha. Los trabajos se desarrollarán en los puntos de la red viaria que determine el responsable de la Unidad de Conservación y Explotación de Carreteras o el encargado de la Unidad de Proyectos y Obras de Carreteras de la provincia.
Las empresas que deseen concurrir a esta convocatoria pública deberán acreditar una solvencia económica y financiera mínima, determinada por un volumen anual de negocios de al menos 96.850,07 euros en el año de mayor facturación de los tres últimos ejercicios disponibles. Asimismo, se exige una solvencia técnica que demuestre la realización de trabajos de similar naturaleza en el último trienio por un importe anual acumulado igual o superior a 22.598,35 euros.
Para la adjudicación de este contrato, la mesa de contratación evaluará las propuestas mediante dos criterios fundamentales. Por un lado, se valorará la experiencia, los títulos habilitantes y las certificaciones aportadas por los licitadores, un apartado que cuenta con una ponderación del 51 % sobre la puntuación total. Por otro lado, la oferta económica y el precio propuesto por los aspirantes determinarán el 49 % restante de la valoración.
El plazo para la presentación de las ofertas permanecerá abierto hasta el próximo nueve de octubre de 2026 a las 14.00 horas. Toda la tramitación de las propuestas se deberá realizar de manera estrictamente electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, debiendo los licitadores mantener la validez de sus ofertas durante un periodo mínimo de dos meses.
El pliego de condiciones establece además varias obligaciones especiales para el adjudicatario, entre las que destaca el sometimiento riguroso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos de carácter personal. De igual modo, el contratista deberá incorporar medidas destinadas a eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral, así como cumplir con diversas cláusulas de carácter social y medioambiental durante el desarrollo de los trabajos. Los detalles completos de la convocatoria se encuentran disponibles para su consulta en el pliego de prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación.
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