La provincia se sitúa a la cabeza de Castilla y León en el apoyo a la enfermería escolar

La Junta Electoral de Castilla y León ha validado un total de 42.807 firmas presentadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ante las Cortes autonómicas. Este respaldo social permite que continúe la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) orientada a regular la presencia de profesionales sanitarios en los centros educativos de la región.

El apoyo ciudadano ha superado con creces el mínimo exigido del 0,75 % del censo electoral en cada una de las provincias de la Comunidad. En este sentido, la provincia soriana ha destacado de manera sobresaliente al registrar rúbricas equivalentes al 4,52 % de su censo, situándose como uno de los territorios con mayor implicación junto a Palencia, que alcanzó el 4,99 %, y por delante de Valladolid, que sumó un 2,70 %.

Una vez que la Junta Electoral traslade formalmente a la Mesa de las Cortes el cumplimiento de todos los requisitos exigidos, el órgano parlamentario deberá remitir la proposición a la Junta de Castilla y León. El Ejecutivo autonómico tendrá que emitir una propuesta favorable o desfavorable, habida cuenta de que la medida previsiblemente supondrá un incremento en los créditos presupuestarios.

No obstante, este pronunciamiento del Gobierno regional no tendrá carácter vinculante para el desarrollo de la iniciativa. De este modo, la Mesa de las Cortes continuará con el procedimiento y fijará la fecha para celebrar una sesión plenaria de toma de consideración, en la que los diferentes grupos políticos debatirán y votarán la propuesta, contando con la participación informativa del sindicato promotor.

Esta propuesta legislativa popular inició su andadura en mayo de 2025 y concluyó su periodo de recogida de apoyos en junio del mismo año. La propuesta cuenta con el respaldo explícito del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, además de la adhesión de familias, docentes y diversas asociaciones de pacientes que consideran urgente regular esta figura asistencial.

Una necesidad de salud pública en las aulas

Desde el sindicato promotor se insiste en que la iniciativa responde a una realidad incuestionable en el entorno educativo actual, donde se estima que el 20 % del alumnado convive con patologías crónicas como la diabetes, la epilepsia, el asma, alergias alimentarias graves o diversos trastornos de salud mental. A esta circunstancia se añade el incremento de enfermedades emergentes y la creciente complejidad de las situaciones familiares.

La organización sindical ha denunciado que, ante la ausencia de personal cualificado, los docentes se ven obligados a asumir funciones que exceden sus competencias profesionales. Entre estas tareas se encuentra la administración de tratamientos médicos, la atención ante crisis epilépticas o la intervención inmediata frente a un shock anafiláctico, una situación que, según explican, pone en riesgo tanto a los escolares como a los propios educadores.

El texto de la proposición plantea que cada colegio e instituto de la Comunidad disponga de, al menos, un profesional de enfermería en su plantilla estructural. Este personal estaría adscrito a la red sanitaria pública pero plenamente integrado en el día a día escolar para coordinar tratamientos, atender urgencias, promover hábitos saludables y ofrecer educación para la salud a toda la comunidad educativa, un modelo que ya funciona con éxito en otras autonomías y países.